El catalán como lengua vehicular estará sujeto a interpretación

El Govern podrá eludir la tercera hora de castellano

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catalán deberá usarse normalmente como lengua vehicular de la enseñanza universitaria y no universitaria en aplicación del Estatut, según sentenció hoy el Tribunal Constitucional (TC) en el fallo sobre la norma, aunque este artículo estará sujeto a la interpretación del fundamento jurídico, que aún se desconoce y que puede condicionar la aplicación del texto.

Según pudo saber Europa Press, el alto tribunal decretó que no es inconstitucional el artículo 35 en su apartado 1 ni en la primera parte del segundo, en los que el Estatut establece que "todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán", pese a que está sujeto a interpretación.

Este apartado también regula que el catalán "debe usarse normalmente" como lengua vehicular en el aprendizaje. El segundo apartado mantiene su redactado original, según el cual los alumnos tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán en la enseñanza no universitaria.

Con la sentencia, que avala totalmente el sistema educativo catalán --al no haber modificado el TC ningún artículo--, el Govern podrá eludir la tercera hora de castellano en los colegios.

Entre todos los artículos recurridos, el fallo ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad sobre el artículo 131, que dio paso a la Ley de Educación de Catalunya (LEC), que a su vez blinda la tercera hora de castellano ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de 2008.

SISTEMA EDUCATIVO INTACTO

En el resto de artículos sobre enseñanza, el TC ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad a cualquiera de sus artículos, por lo que el Estatut guarda para la Generalitat competencias exclusivas en la enseñanza Infantil, en donde dispone libremente los contenidos educativos, las plantillas de profesores, la evaluación y la formación de los docentes. También es competencia exclusiva del Govern la enseñanza postobligatoria que no conduce a títulos oficiales.

Son competencias compartidas con el Gobierno la programación general de la enseñanza, la ordenación del sector educativo, la organización de los colegios públicos y privados y la política de personal, así como los planes de estudio, los criterios de admisión y la participación de la comunidad educativa en el control de las escuelas.

En 2006, el PP recurrió el Estatut íntegramente ante el TC, que ha tardado casi cuatro años en deliberar. Este partido también llevó en 2009 una treintena de artículos de la LEC al alto tribunal, que actualmente están pendientes de sentencia.

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