BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Tres de las siete regiones sanitarias de Catalunya --Terres de l'Ebre, Lleida y Alt Pirineu i Aran-- firmaron en 2008 convenios particulares con asociaciones de taxistas, por un valor total de 8,13 millones de euros, que alteraron las condiciones de la competencia del mercado, según un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia al que ha tenido acceso Europa Press.
El informe constata que las tres regiones excluyeron de la prestación de los servicios a cargo del CatSalut a los taxistas que no pertenecían a alguna de las asociaciones firmantes, lo que según Competencia "limita la libertad de empresa" de los profesionales del sector en lo referente a pertenecer o no a una asociación, "establece pactos de precios" y "fija repartos territoriales del mercado".
El CatSalut paga de manera total o parcial los desplazamientos en taxi a centros sanitarios de los pacientes que requieren este servicio para que reciban determinado tipo de tratamiento, generalmente de carácter periódico, siempre que no sea necesario un transporte sanitario --ambulancia individual o colectiva--.
El informe reconoce que los objetivos perseguidos por las tres regiones que alteraron la competencia parecen "legítimos" y conformes con la legislación vigente --precisamente no existe ninguna norma que fije cómo debe proveerse el servicio de desplazamiento en taxi--, pero también aprecia que los mecanismos establecidos no se ajustan a los principios generales de la contratación administrativa, lo que los convierte en "susceptibles de revisión contencioso administrativa".
Las decisiones adoptadas son "imputables" al CatSalut y "susceptibles de sanción" por la infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, según concluye el organismo adscrito a la Generalitat.
15,27 MILLONES EN 2008
En 2008 se dedicó al concepto de transporte en taxi una partida de 15,27 millones de euros, de los que 7,16 sí se adjudicaron mediante una competencia libre en las regiones sanitarias de Barcelona, Catalunya Central, Camp de Tarrogona y Girona. En estos casos, los usuarios presentaron la factura del taxi utilizado, sin necesidad de tener que acudir a ninguna asociación específica.
Al no existir una regulación específica, cada una de las siete regiones sanitarias de las que consta Catalunya decidió solventar el pago siguiendo mecanismos diferentes, según la información recopilada por la Autoridad Catalana de la Competencia.
Las regiones sanitarias no tienen personalidad jurídica propia, aunque sean las encargadas de gestionar esta prestación, por lo que el informe pide considerar que la imputación de las decisiones de estos organismos y de sus consecuencias se debe hacer al CatSalut.
El informe se realizó a partir de una queja elaborada por una taxista de Terres de l'Ebre, quien dio la voz de alarma sobre la imposibilidad de prestar este servicio sin pertenecer a una asociación de taxistas de la zona.
