El Ctesc pide aumentar el gasto en vivienda hasta el 1% del PIB y aprovechar los fondos europeos

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Treball, Econmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha pedido este jueves a la Generalitat aumentar gradualmente el gasto público en vivienda hasta el 1% del PIB y aprovechar los fondos europeos para solucionar el problema de la vivienda en Catalunya.

Así se extrae del informe 'El derecho a la vivienda' presentado por su ponente, José Martín Vives, en rueda de prensa, en la que también han participado el presidente del Ctesc, Toni Mora, y el secretario de la Agenda Urbana y Territorio de la Generalitat, Agustí Serra.

Mora ha destacado la necesidad de impulsar las políticas de apoyo a la rehabilitación, movilizar los suelos de reserva de vivienda en protección e insistir para que el Gobierno modifique las imposiciones y la fiscalidad ligada a la promoción de la vivienda, especialmente la de protección.

Martín ha defendido que las administraciones habiliten un parque de vivienda público que no se rija por las condiciones de mercado para frenar la escalada de precios de la vivienda.

"Si no hacemos nada, la dinámica de mercado lleva a esto; si no hacemos nada, continuará creciendo. El informe plantea que conviene hacer cosas; entre ellas, habilitar un parque público de vivienda para frenar esta evolución de precios", ha advertido.

Agustí Serra ha afirmado que en Catalunya solo hay un parque público de unas 133.000 viviendas (un 4% menos sobre el total) y lo ha atribuido a "una malas políticas a lo largo de la historia" por permitir que la calificación de la vivienda de protección pasara al mercado libre.

Por eso, "conviene fomentar la construcción de parque de vivienda asequible por parte de la iniciativa privada y pública, y para hacerlo se deben crear las condiciones. Las condiciones se empezaron a crear con el decreto 17/19 y se debe seguir trabajando con esta línea", según Serra.

ACCEDER Y MANTENER LA VIVIENDA

Martín ha explicado que la dificultad para acceder y mantener la vivienda se debe principalmente al crecimiento sostenido del precio de la vivienda por encima de la renta familiar disponible desde 2004, así como a la falta de vivienda de protección oficial, problemas económicos y la falta de coordinación entre políticas de vivienda y sociales.

Catalunya, según datos de 2018, cuenta con el 77,2% de viviendas principales sobre el total, un 1,3% de viviendas vacías, frente al 10,9% de 2011 --algo que Martín ha atribuido al uso de la vivienda para el alquiler turístico--, el 68% en propiedad --10 puntos porcentuales menos que en 2011-- y el 26% en alquiler --10 puntos más--.

RECOMENDACIONES

El organismo ha recomendado, entre más de un centenar de propuestas, construir un parque de viviendas de viviendas diversificado --de venta y de alquiler, libres y destinadas a políticas sociales-- a un ritmo de 25.000 unidades anuales, para así alcanzar un 15% de viviendas principales destinadas a políticas sociales en un plazo de máximo 20 años.

Ve necesario consensuar un nuevo Pla Nacional que considere la vivienda un pilar fundamental del Estado del bienestar y avanzar hacia el reconocimiento de la vivienda como derecho sujetivo, para lo que Martín ve necesario "garantizar dotaciones presupuestarias estables, periódicas y suficientes".

Ha defendido limitar las prácticas especulativas en torno a la vivienda y fomentar su función social, establecer indicadores estadísticos para saber la evolución de los precios de la vivienda e incrementar y profesionalizar el parque de viviendas de alquiler.

INSPECCIONES TÉCNICAS

Martín también ha reclamado fomentar las inspecciones técnicas y la rehabilitación, ésta última con más ayudas, para asegurar que todas las viviendas sean dignas.

"La Generalitat peca a la hora de tener miedo de hacer inspecciones. De nada sirve una norma que obliga a hacer inspecciones técnicas si después van a parar en un cajón", ha añadido.

También ha recomendado mantener la calificación permanente de la vivienda con protección, no pedir ingresos mínimos al acceder a una vivienda pública y potenciar el ICF como sustentador de la financiación pública de la vivienda.

Martín ha apuntado a la fiscalidad para facilitar el incremento de oferta de vivienda más asequible e incentivar fiscalmente el mecenazgo en vivienda con finalidades sociales.

En cuanto a la consecuencias de la pandemia, el informe plantea "vertebrar" grandes pactos para garantizar el derecho a la vivienda, evitar que se pierda la vivienda debido al Covid-19, iniciar un debate sobre la adecuación de las viviendas e investigar la relación entre vivienda y salud.