BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
Entidades y asociaciones de atención a dependientes y discapacitados de Catalunya han pedido a las distintas administraciones que tengan en cuenta a este colectivo durante la elaboración de sus presupuestos para dejarlo al margen de los recortes, en el marco del Día Internacional de la Personas con Discapacidad, que se celebra este lunes.
En un comunicado conjunto, han llamado a la sociedad catalana a participar en la concentración convocada a las 18.30 horas en la plaza Sant Jaume de Barcelona con el objetivo de pedir una especial protección para los discapacitados, que ya han sufrido un importante tijeretazo en las prestaciones de la Ley de dependencia y en los programas de inserción laboral.
"Estos recortes no hacen más que agravar la ya habitual difícil situación económica que viven la mayoría de discapacitados", ha deplorado el Comité Catalán de Representantes de personas con Discapacidad (Cocarmi), que ha exigido al Govern que asuma "sin dilaciones" la 'Hoja de ruta de la discapacidad 2012-2015', un documento con medio centenar de propuestas para garantizar una vida digna, plena e integrada.
Cocarmi también ha pedido a la Generalitat que no considere a las entidades sociales como un gasto, "sino que deben ser tratadas como colaboradoras esenciales de su política social", insistiendo en que suplen de forma altruista los programas públicos que han sido recortados.
Además, ha instado al nuevo Ejecutivo catalán a que mantenga, "e incluso incremente", la partida presupuestaria destinada al sector de la discapacidad, dejando los ajustes económicos para otros capítulos, y luche por recuperar la inversión en inclusión social y laboral.
AGRAVIO COMPARATIVO
Por su parte, la asociación Ecom de atención a los discapacitados físicos ha recordado que el riesgo de exclusión de este colectivo es mucho mayor que el del resto de la sociedad, debido al "agravio comparativo que sufren por el sobreesfuerzo económico que deben afrontar", teniendo en cuenta que, por ejemplo, una silla de ruedas cuesta alrededor de 3.000 euros.
También ha pedido a la Generalitat que reconozca y apoye al tercer sector social, que acumula impagos de 70 millones de euros correspondientes a los conciertos de julio y sufre retrasos en el cobro de subvenciones.