Un error de procedimiento obliga a suspender un juicio por abuso sexual a 8 niños en Barcelona

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un error de procedimiento ha obligado a suspender el juicio al acusado de abusar sexualmente de 8 niños de 4 y 5 años en una escuela infantil del distrito de Sant Andreu de Barcelona, que estaba previsto que empezara este martes en la sección 9 de la Audiencia Provincial de Barcelona.

El tribunal ha acordado devolver la causa al Juzgado de Instrucción para que se subsane un error en el auto de apertura de juicio oral, en el que se hizo constar solo a una de las dos sociedades a las que se le atribuye una responsabilidad civil subsidiaria.

Así se hará para que se le notifique a la sociedad y ésta pueda presentar su correspondiente escrito de defensa, dado que de celebrarse el juicio se podría incurrir en una indefensión.

El presidente del tribunal ha lamentado que este error obligue a suspender la celebración de la vista, dado que el calendario de señalamiento en esta sección novena de la Audiencia se sitúa en torno a los dos años vista, y al tratarse un juicio de varias sesiones será difícil reubicarlo antes, aunque lo intentará.

JUEGOS DE CONTENIDO SEXUAL

La Fiscalía asegura que el acusado, que era monitor en el comedor de la escuela infantil, hizo participar entre abril y julio de 2021 a niños de entre 4 y 5 años en juegos de contenido sexual, haciendo que se tocasen entre ellos mientras él los observaba con un comportamiento "despótico, despreciativo y amenazante, castigándolos con frecuencia", lo que motivó que los menores le obedeciesen.

Añade que el acusado también aprovechaba los juegos para sujetarlos con fuerza contra su cuerpo y, aparentando que les hacía cosquillas, les tocaba las partes íntimas sobre la ropa, un comportamiento que, según el Ministerio Público, se repetía cuando los menores iban al baño.

Fiscalía solicita 6 años de prisión por cada uno de los 8 presuntos delitos continuados de abuso sexual a menor de 16 años, lo que hace un total de 48 años, además de 10 años de libertad vigilada y la inhabilitación para ejercer cualquier profesión, ya sea remunerada o no, que conlleve un contacto regular y directo con menores.

También pide que se le prohíba aproximarse a menos de 1.000 metros de las víctimas por un periodo de 4 años una vez cumplida la pena privativa de libertad y que indemnice con 12.000 euros a cada uno de los menores.