El ex alcalde de Santa Coloma alega que el Ayuntamiento salió "muy beneficiado" con sus operaciones

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz ha asegurado que el Ayuntamiento salió "muy beneficiado" de la 'Operación Pallaresa' y la construcción del centro comercial Cubics, que causó un agujero de 13 millones de euros a las arcas municipales, según el auto de prisión del juez Baltasar Garzón.

Muñoz, que ha comparecido a petición propia ante el magistrado para ampliar la declaración de ocho minutos que realizó tras su detención en octubre de 2009, ha señalado que durante su alcaldía nunca ordenó realizar facturas falsas ni existió apropiación indebida de 1,3 millones de euros, como sostenía el magistrado.

Ha alegado que su imputación en la causa se debe a que en una intervención telefónica que se le grabó con un técnico de La Caixa se hablaba de "una factura falsa que no existe".

"Alguien que escuchaba por teléfono escuchó mal sin saber que eso no era verdad", ha dicho.

Garzón sostenía en su auto que Muñoz recibió del empresario Manuel Carrillo 18.481 euros por la prórroga del contrato de limpieza y la esponsorización de unas actividades municipales, al tiempo que le imputó la alteración del destino de 1,3 millones de euros de fondos de cohesión europeos a partir de la "fabricación de una factura falsa justificativa".

21 MILLONES DE INGRESOS

Sin embargo, el ex alcalde ha indicado ante el juez Pablo Ruz que con cada modificación del uso de los terrenos que se fueron haciendo en la Operación Pallaresa el Ayuntamiento ingresaba dinero, hasta llegar a los 21 millones de euros; y que esta actuación fue realizada "dentro de la legalidad" y fue aprobada por la Generalitat como todas las que se hacen en Catalunya.

"Hemos cumplido con la ley, hemos acatado las normas de la Generalitat y hemos hecho lo que todas las ciudades hacer para mejorar", ha señalado Muñoz, quien ha asegurado estar feliz por tener la oportunidad de aclarar algunas cosas ante el juez instructor.

El ex alcalde de Santa Coloma está en libertad bajo fianza de 500.000 euros y permanece imputado por los delitos de asociación ilícita, cohecho, fraude de subvenciones, fraude y exacciones ilegales y falsedad en documento oficial.

También ha comparecido este martes el ex concejal de Urbanismo Manuel Dobarco, que ha señalado que, contra lo sostenido por Garzón, la empresa municipal del suelo Gramepark no tenía "un agujero de 85 millones de euros", sino una deuda de 60 millones que, sumada a su activo, arrojaría un patrimonio neto de 13 a 15 millones, según dos auditorías realizadas tras la intervención.

El último imputado que ha declarado ante el juez ha sido el ex gerente de Proyectos del Ayuntamiento Lluís Falcón, que ha aportado dos informes alternativos elaborados por catedráticos que avalan la legalidad de los cambios de uso realizados en esta operación.

Este miércoles se reanudarán las declaraciones con la comparecencia como testigos de seis ex altos cargos del Ayuntamiento y Gramepark.

20 IMPUTADOS

En el 'caso Pretoria' están imputados 20 ex altos cargos y empresarios por las actividades urbanísticas de los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona (Barcelona)

La operación policial, que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009, destapó una presunta trama de corrupción que se saldó con la detención de nueve personas, entre las que se encontraban el ex diputado del PSC Luis García, presunto líder del grupo; y los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.

Las actividades de los imputados provocaron que los tres ayuntamientos implicados dejaran de ingresar 44,7 millones de euros, según constaba en el auto de prisión dictado por el juez Baltasar Garzón, que imputó a los principales procesados en la trama los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal y blanqueo de capitales.

En la investigación también están imputados el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el ex gerente de los servicios municipales de la localidad Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla y Lluís Casamitjana, todos los cuales se encuentran en libertad bajo fianza.

También se encuentran imputados las esposas de Alavedra y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente; el presunto testaferro del primero, Philip McMahann; el ex gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) Emili Mas; Víctor Ros (PP), ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona); el ex concejal de Urbanismo de de la localidad, Antoni Jiménez (PSC) y Genís Carbó, ex director de Política Territorial en gobiernos de CiU y ex concejal de la formación en Mataró.

Completan la relación de encausados el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, y Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra.