Tacha de "grave y lamentable" la demora en acogerles en centros de menores
BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Menores de Barcelona dictó en 2017 un total de 815 decretos de determinación de minoría de edad de menores no acompañados, casi triplicando la cifra del año anterior, en la que decretó 277 identificaciones de menores, según la Memoria de 2017 de este servicio a la que ha tenido acceso Europa Press.
En total, en 2017 se incoaron 1.455 expedientes, un elevado número de expedientes, según el fiscal, que son consecuencia "de la progresiva y creciente llegada a la provincia de Barcelona de menores extranjeros no acompañados", que ha comportado un incremento considerable en el trabajo de la Fiscalía de guardia.
Concretamente, se dictaron 815 decretos de determinación de minoría de edad, 145 decretos de mayoría y 156 de archivo provisional, y en coordinación con el Instituto de Medicina Legal (Imelec) para dar una respuesta "lo más ágil posible".
En su informe, la Fiscalía constata que la Generalitat, que gestiona los centros de acogida, se ha visto "desbordada" por el aumento de la llegada de menores que requieren atención, si bien considera que en 2017 la actuación protectora de la administración puede calificarse en términos generales positiva y que funciona el servicio de asistencia inmediata en caso de riesgo.
Sin embargo, puntualiza que hubo "muchos problemas para poder dar una respuesta rápida" a la hora de otorgar con la celeridad necesaria la plaza en centros de acogida, por lo que muchos menores permanecieron en dependencias del área de custodia policial del edificio de Fiscalía un tiempo excesivo, de más de 48 horas.
Para el fiscal, ello fue "incompatible con la atención y el trato que deben recibir desde la administración protectora", una situación que cambió después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictara un acuerdo el 24 de octubre del año pasado prohibiendo la pernocta en dependencias judiciales.
Para la Fiscalía, corresponde a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) adoptar las medidas necesarias para asignar de forma inmediata y "con carácter urgente" la plaza en centro de protección para que los jóvenes estén el tiempo mínimo y estrictamente necesario en la sala de espera del edificio judicial.
SIGUE LA ELEVADA AFLUENCIA
Este 2018, en el que se ha mantenido la elevada afluencia de llegada de menores --la Fiscalía no ha ofrecido datos actualizados--, la problemática se ha desplazado a las comisarías de los Mossos d'Esquadra, como la de la plaza de España, donde también han pasado la noche menores no identificados a la espera de que se les asigne centro.
De hecho, la propia Fiscalía ha abierto diligencias tras recibir un escrito del sindicato de Mossos SAP-Fepol en el que se alertaba de esta situación.
Como parte de su labor, la Fiscalía realiza visitas a centros de protección, que había reanudado en 2016, y se ha mantenido comunicaciones con la Dgaia para exponer los problemas detectados.
EVOLUCIÓN DE LA CRIMINALIDAD EN MENORES
En la memoria de la Fiscalía de 2017 también se recogen las cifras de criminalidad de los menores en la provincia de Barcelona, y según el análisis "no se han detectado brotes específicos de delincuencia y se mantienen cifras muy parecidas en relación al año anterior".
En este periodo, la Fiscalía de menores de guardia presentó en los juzgados de menores 298 escritos de petición de medidas cautelares: 135 de internamiento en centro cerrado o semiabierto y 151 medidas de libertad vigilada, entre otras.
Los delitos de agresión sexual, según este balance, aumentaron de 25 a 38 casos, mientras que el abuso sexual se redujo ligeramente, pasando de 35 a 32; en paralelo, los robos con violencia han caído (de 609 a 554) y los hurtos de 380 a 301.
Los delitos de violencia de género se han casi triplicado, pasando de 8 a 21, si bien la violencia doméstica ha caído de 227 casos a 201.
En su informe, la Fiscalía destaca que materia de violencia en el ámbito familiar, el servicio de guardia de menores trabaja para dar una respuesta rápida y lo más adecuada posible en los casos "bastante frecuentes" en los que la víctima-denunciante pide una orden de protección.
