Actualizado 07/11/2007 19:33 CET

El gerente de Mutua Universal niega que desviara fondos públicos hacia empresas externas

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex director gerente de Mutua Universal, Juan Aicart, declaró hoy ante el juez que instruye la causa por supuesta malversación de fondos de la Seguridad Social por parte de la tercera entidad española de asistencia sanitaria laboral que él nunca desvió dinero público a través de un entramado de empresas externas vinculadas a la mutua.

Aicart, que declaró hoy como imputado en el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, dijo al juez que la entidad no ha financiado con fondos procedentes de la Seguridad Social o del patrimonio histórico acciones no comprendidas en el objeto social de Mutua Universal.

El ex gerente cesó en el cargo el 6 de agosto, cinco días después de la entrada de la Fiscalía Anticorrupción en la sede central de Mutua Universal en la capital catalana, y dijo desconocer qué ha sucedido desde entonces dentro de la compañía. Lo que sí nego es que existiera una "doble contabilidad" y aseguró que se aplican "con toda seguridad los criterios del Plan General Contable".

Además, precisó que su cargo de director gerente consistía básicamente en "opinar" y coordinar el comité ejecutivo, un comité de control y la Junta directiva.

Sin embargo, en varias de las preguntas realizadas por el juez, la Fiscalía y el abogado de la Seguridad Social, Aicart dijo desconocer algunas de las empresas presuntamente vinculadas a Mutua Universal o detalles concretos de la facturación de estas empresas.

El procesado también admitió que cobraba dietas, pero que todas estaban contempladas en su contrato y se pagaban a través del patrimonio histórico de la mutua, además de estar acordadas en la propia junta directiva a propuesta del gerente, y se hacían constar en las actas.

Por otra parte, Aicart calificó de "estupendos" los resultados económicos de los planes estratégicos 2002 y 2006 contratados por la Mutua con la consultora McKinsey. Respecto al pago de dos millones de euros a esta empresa, Aicart dijo que McKinsey "ha trabajado con todas las administraciones" y negó que los planes estratégicos incluyeran a otras empresas.

Después de declarar, y a preguntas de los periodistas, Aicart dijo que la querella de la Fiscalía se debe a "malentendidos", por lo que espera que la cuestión se "olvide" pronto y que Mutua Universal "dure" mucho tiempo. Según su abogado, Emilio Zegrí, "todo habrá quedado claro" tras la intervención de hoy de Aicart ante el juez.

Para los próximos días están previstas las declaraciones del auditor interno José Luis Pérez Digon; del subdirector regional, José Eduardo Villa Torres; del responsable de recursos humanos, Francisco Teixidó Navarro, y de Enric Torné.

12 MILLONES FACTURADOS.

Según la querella de la Fiscalía, algunos directivos de Mutua Universal presuntamente financiaron con fondos de la Seguridad Social una veintena de sociedades y empresas que, en total, facturaron más de 12 millones de euros a la entidad. Este "entramado" les pudo haber permitido obtener beneficios personales y emitir facturas falsas o hinchadas contra la propia mutua para justificar servicios prestados desde esas sociedades.

El Ministerio Público acusa a los directivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos, otro de falsedad en documento oficial y mercantil y otro de apropiación indebida o societario.

La querella mantiene que las empresas vinculadas a Mutua Universal le facturaban "prestaciones de bienes y servicios a precios superiores a los medios del mercado" o actuaban como "intermediarias entre la mutua y los verdaderos proveedores de ésta, encareciendo artificialmente el precio finalmente satisfecho por la misma".

De esta manera, según la Fiscalía, se desviaban fondos públicos y otros propios de la entidad a favor de empresas controladas por Aicart, y por el resto de querellados. Dicha facturación suponía todos los ingresos de las sociedades vinculadas --que en total facturaban más de 12 millones de euros a Mutua Universal-- o un elevado porcentaje de los mismos.

Las empresas, según la Fiscalía, eran gestionadas con carácter rotativo por altos cargos de la mutua --quebrantando las incompatibilidades que les afectan como directivos de la entidad-- y, en otras ocasiones, por ex empleados de ésta, a los cuales se les pudo haber indicado que abandonaran su puesto en la mutua para pasar a trabajar en dichas sociedades.

Entre las sociedades vinculadas, según la querella, figuran algunas dedicadas a la prevención de riesgos laborales, pero también empresas de servicios mecanográficos y taquigráficos, consultorías, asesorías, inmobiliarias y constructoras. Este "complejo entramado", operando en diversos campos de actividad, facturó a Mutua Universal por los servicios prestados, y está directamente vinculado a la entidad porque fue creado por sus responsables.

Otra forma de desviar fondos públicos, "ordenada" por el querellado Juan Aicart, consistía en retornar a ciertas empresas asociadas a Mutua Universal cantidades que no habían sido gastadas y que, por tanto, debían regresar al patrimonio de la Seguridad Social. Para ello, se cedía personal que seguía cobrando su salario de la mutua o la entidad asumía el pago de facturas correspondientes a gastos de la empresa asociada.