Pide el archivo del caso y la disolución de la Audiencia Nacional
BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo de apoyo a los nueve miembros de los CDR investigados por presunto terrorismo, Detingudes 23S, ha defendido este lunes que se trata de una "operación política articulada desde el poder policial y judicial", y ha pedido el archivo del caso, la disolución de la Audiencia Nacional y el fin del régimen de aislamiento en la cárcel.
En un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter, ha celebrado que todos los investigados ya estén en libertad con cargos, después de que la Audiencia Nacional acordara el viernes fianzas para los dos últimos que permanecían en prisión provisional.
Según el colectivo, el caso responde a la "necesidad del régimen del 78 de hacer frente a aquellos que ponen en cuestión la vulneración de derechos constante que se sufre", y ha añadido que la operación forma parte de una causa general contra el independentismo.
Ha acusado al Estado de intentar "atemorizar con represión y prisión la respuesta a la sentencia del 1 de octubre" y ha criticado que la respuesta a los conflictos políticos sea la excepcionalidad y la acusación de terrorismo, en sus palabras.
El grupo de apoyo ha lamentado que los nueve investigados siguen enfrentándose a acusaciones graves: "La imposibilidad de programar a largo plazo, de idear planes de futuro y de tener los movimientos limitados son otras caras de esta represión".
INDICIOS, SEGÚN EL JUEZ
El juez instructor del caso dictó el viernes, fianzas de 30.000 y 15.000 euros, respectivamente, para los dos últimos CDR que estaban en prisión provisional, y se trata de las cantidades más altas impuestas al grupo detenido el 23 de septiembre y que sigue investigado por presuntos delitos relacionados con el terrorismo, los explosivos y los estragos.
El magistrado, sin embargo, defendió en los autos su investigación por presunto terrorismo y apuntó a la existencia de indicios de la "naturaleza terrorista de la organización a la que pertenecen" los investigados.
La organización que consta en la investigación, el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), "resulta acorde con las últimas tendencias legislativas y jurisprudenciales que han abordado el tema de la irrupción y proliferación de grupos terroristas inmersos como ocurre recientemente en el islamismo violento, donde priman las estructuras horizontales en detrimento de las verticales", indicó el juez.
La Audiencia Nacional había acordado, con anterioridad, libertad con fianzas de entre 5.000 y 10.000 euros para otros cinco investigados que estaban en prisión provisional.
