Afirma que disparó con alevosía y que no padece ninguna alteración psíquica
LLEIDA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El jurado popular ha considerado al cazador que mató a dos agentes rurales en Aspa (Lleida) en enero de 2017 culpable de dos delitos de asesinato, un delito de tenencia ilícita de armas y otro delito contra la flora y fauna, al emitir su veredicto tras el juicio este viernes.
El tribunal ha determinado que el acusado I.R. disparó cuatro tiros a los dos agentes sin que ellos pudieran defenderse, pero descarta que el acusado disparara para ocultar que tenía caducado su permiso de armas.
"No queda probado que disparara para que no lo descubrieran, solo el acusado puede saber por qué disparó", ha afirmado la portavoz del jurado en la última sesión del juicio en la Audiencia de Lleida.
Los miembros del jurado afirman que hubo alevosía, ya que que ninguno de los agentes pudo defenderse "ni que tan siquiera pudieran apretar el botón de emergencias de su walkie talkie", y han tenido en cuenta el atenuante de la confesión por la llamada al teléfono 112 del acusado diciendo que los agentes estaban muertos y que había disparado él.
El acta del jurado señala también "que no ha quedado probado que el acusado tuviera en el momento de los hechos alguna alteración psíquica que anulara totalmente sus capacidades cognitivas y volitivas, según declararon los neurólogos, psiquiatras y psicólogos que han comparecido durante el juicio".
Al considerar probado que los agentes no tuvieron posibilidad de reaccionar, circunstancia de traición, los abogados han considerado que en la práctica el veredicto del jurado es de asesinato pero será el magistrado el que califique los hechos y ponga las penas en la sentencia.
PENAS SOLICITADAS
La Fiscalía, que pedía una condena de 48 años de cárcel, los ha rebajado este viernes a 46, igual que ha hecho el abogado de la Generalitat.
El abogado de las familias de los agentes rurales muertos, Pau Simarro; el de la acusación popular, Albert Requena, que representa a la Asociación Profesional de Agentes Rurales y a la Asociación Española de Agentes Forestales (Aeafma), y el de la Federación Catalana de Caza y la Oficina Nacional de la Caza, Santiago Ballesteros, mantienen la petición 51 años de cárcel.
La abogada del I.R. ha pedido la pena mínima de 20 años de cárcel por cada uno de los crímenes, cuatro meses por el delito contra la flora y fauna y seis meses más por tenencia ilícita de armas.
El jurado ve probado que el otro cazador acusado aceptó poner a su nombre la escopeta con la que disparó I.R. sabiendo que éste tenía caducada la licencia.
Respecto a la responsabilidad civil, las acusaciones particulares reclaman un millón de euros para las viudas, los hijos de los agentes, sus padres y hermanos, y consideran responsable también a la compañía de seguros Musap, mientras que la Fiscalía y la Generalitat solicitan unos 850.000 euros para las viudas y sus hijos.
PIDE PERDÓN
El juicio comenzó el lunes 21 de enero, justo el día en el que se cumplían dos años de los crímenes y antes de las conclusiones finales el acusado hizo uso del turno de última palabra para pedir perdón a las familias a las que les dijo "Lo siento, perdonadme. Ya sé que es imperdonable".
I.R. leyó una carta, en la que relató que ha pensado más de una vez en suicidarse pero que hacerlo "no devolvería la vida" a los agentes rurales.
"Ese día mi cabeza no funcionó bien, y mi cuerpo actuó involuntariamente", insistió en la carta en la que pidió perdón más de diez veces.
"Llevo mucho tiempo llevando esta carga de saber que he destrozado a muchas familias y haberle arrebatado el padre a estas dos criaturas inocentes", afirmaba también.
