BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley de Acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para dar cobertura sanitaria universal y gratuita a los 60.000 religiosos y profesionales liberales, abogados, periodistas, arquitectos, médicos y contables no asalariados que se calcula que viven en Catalunya, superó hoy su primer trámite parlamentario sin que ningún partido haya presentado una enmienda a la totalidad.
De esta forma se salda un "déficit histórico", en palabras de la consellera de Salut, Marina Geli, con el 0,7 por ciento de la población catalana, que 'de facto' quedaba excluida de la asistencia sanitaria pública gratuita, ya que para ser atendida debía pagar por estos servicios. No obstante, la mayoría de los colectivos afectados gozan, e históricamente así ha sucedido, de mutuas específicas.
Durante su intervención en la Cámara catalana, Geli agradeció la colaboración del resto de partidos al no presentar enmiendas a la totalidad al proyecto, y recordó que con la aprobación de esta ley todas las personas que viven en Catalunya tendrán derecho a prestaciones sanitarias. Parafraseando al icono televisivo de los años 90, Capità Enciam, Geli aseguró que "los pequeños cambios son poderosos".
El proyecto de la Ley de la conocida como "ley de la universalización" subsanará el déficit de la Ley General de Sanidad de 1986, de ámbito estatal, que se inspiraba en el principio de universalización, así como también la Ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya de 1990.
De hecho, los profesionales liberales y los colectivos de personas que pertenecen a congregaciones de vida monástica o contemplativa, que han sufrido un proceso de envejecimiento claro en los últimos años, quedaron inicialmente fuera de la acción protectora de la Seguridad Social por el hecho de no tener obligación de cotizar.
En 1986, la Ley General de Sanidad "sacó la financiación sanitaria de la Seguridad Social hacia la fiscalización general", y "en 1989 se amplió a personas sin recursos económicos, incluida la financiación de la farmacia", indicó la consellera.
En el momento en que la financiación de la prestación de servicios sanitarios públicos se convirtió en impositiva, a través de los impuestos que pagan los ciudadanos y no a través de la cotización de la Seguridad Social, y se fue reconociendo el derecho de todos los españoles y extranjeros a la asistencia sanitaria a cargo de los organismos públicos pertenecientes a través de normativa diversa, estos dos colectivos, de forma residual, quedaron fuera de la cobertura sanitaria pública, ya que faltaba el ordenamiento que reconociera su inclusión en el derecho.
El Estatut de Catalunya de 2006 también ratificó la necesidad de concretar esta universalización en la prestación de los servicios sanitarios, explicó la consellera, que dijo que se trata de una ley "querida por todos", para la que se ha pedido el trámite de urgencia en aras de su aprobación en los próximos meses en el Parlament.
Hasta ahora, ninguna comunidad autónoma ha aprobado esta 'ley de universalización', aunque Navarra y Valencia han aprobado sendos decretos en esta línea, pero no con rango de ley. Por todo, en adelante, sólo quedarán excluidos de la asistencia sanitaria general gratuita los funcionarios que quieran optar por alguna de las mutualidades cooperadoras que ofrece la administración, pero esto lo escogen ellos, explicó la titular de Salud.
