Foto: EUROPA PRESS
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BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha lamentado que no hayan podido votar en las elecciones europeas los cerca de 80.000 discapacitados intelectuales que están incapacitados judicialmente en España.
Según la consellera, es algo que "vulnera derechos y es contrario al principio de igualdad".
En declaraciones a Europa Press, Munté ha concretado que la ONU urgió en 2011 a España a que adaptara su legislación electoral a las demandas de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad --ratificada en 2007 por el Gobierno del Estado--, pero el Ejecutivo "parece que no tiene ninguna prisa en dejar de vulnerar derechos".
En este sentido, el grupo de CiU en el Congreso pidió en septiembre que se eliminara de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) el apartado que excluye a los discapacitados intelectuales del derecho a voto, una propuesta que fue aprobada por todos los grupos en octubre.
A partir de entonces, el Ejecutivo español disponía de seis meses para modificar el texto, pero "ya se ha agotado el plazo y no ha hecho nada", ha lamentado Munté, que ha avisado de que CiU seguirá luchando para que se permita votar al colectivo.
Además de eliminar el precepto que impide el voto, Munté también ha abogado por agilizar las revisiones judiciales de los expedientes de incapacitación total, que pueden durar hasta tres años.
En Catalunya, son casi 4.000 los catalanes que están incapacitados judicialmente y no pueden votar: "Eso lo queremos cambiar en la ley electoral propia para Catalunya que prepara el Parlament, en la que se va a garantizar la igualdad de derechos".
CAMPAÑA DE DINCAT
Para concienciar de las posibilidades de sufragio, la entidad Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) ha iniciado el proyecto 'Tienes derecho a votar, ¿Lo sabes?', a través de un dossier de lectura fácil que informa y forma a personas con discapacidad sobre cómo funciona la democracia y el censo electoral.
El documento se ha distribuido entre las 300 entidades catalanas que integran Dincat y a grupos de tutores de personas con discapacidad y, además, están previstas charlas informativas.
Además, la plataforma está elaborando un protocolo dirigido a este colectivo, a las familias y a las entidades --especialmente a las tutelares-- para que conozcan qué pasos deben seguir para restituir el derecho a voto y para evitar futuros procesos de incapacitación.
La entidad ha afirmado que impedir el ejercicio del derecho a voto es negar la plena ciudadanía de este colectivo, cuya presencia en la esfera política es "un pilar básico" para su inclusión.
Lo más habitual en España es que los jueces incapaciten totalmente a una persona cuando la familia o tutor lo solicita --por ejemplo, para evitar que gestiones sus recursos e impedir que le puedan estafar--, lo que también entraña la supresión del derecho a voto.