Querella contra cargos de una fundación vinculada a UDC por defraudar cinco millones a bancos

BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella por un supuesto fraude de cinco millones de euros a distintos bancos cometido hasta 2008 por parte de los entonces altos cargos de la Fundació Catalunya i Territori, vinculada a UDC, que solicitaban financiación para su grupo empresarial --IMS-- mediante documentación falsa. La querella recoge otras irregularidades, algunas relacionadas con el partido.

Así, el ministerio fiscal se querella contra 15 personas, muchos vinculados al mismo tiempo a la Fundació Catalunya i Territori y al grupo de empresas IMS. De hecho, en su escrito el fiscal recoge que entre 2004 y 2006 los principales implicados --Joan Albert L.S., Miquel Ángel C.G. y Josep B.C.-- desviaron 1,7 millones de euros de la Fundación al grupo empresarial, sin que se haya podido esclarecer a qué se destinaba dicho dinero, que se transformaba en su mayor parte en dinero en efectivo.

Los cinco millones defraudados a entidades bancarias los conseguían los querellados utilizando dos niveles de grupos de empresas: el primero solicitaba a los bancos líneas de descuento para hacer frente a facturas --que resultaban ser falsas-- y que debían abonar las sociedades del segundo nivel. Los descubiertos se iban tapando gracias a nuevos créditos, y así hasta crear una 'pelota' financiera que concluyó en un concurso de acreedores.

Para el fiscal, el concurso de acreedores "evidencia la maniobra absolutamente fraudulenta" ya que apenas existen en dichos concursos de las diferentes empresas del grupo otros creditores que no seas las propias entidades financieras.

UNA EMPRESA PAGA FACTURAS DE UDC

La querella, presentada al juzgado de instrucción de Barcelona en funciones de guardia, incluye otras irregularidades, en este caso vinculadas supuestamente a UDC, como que el pago de servicios que la empresa Kontrast Produccions le prestó al partido finalmente fueron abonadas por el grupo IMS, administrado por Joan Albert L.S. y Miguel Ángel C.G., ambos vocales de la Fundación.

Así, este grupo de empresas presuntamente pagó lo que debía UDC a esta empresa dedicada a organizar congresos, asambleas y eventos, "sin que conste la existencia de saldos deudores ni de relaciones negociales de ningún tipo entre IMS y UDC", explica el fiscal en su escrito, que considera que esta actuación constituye un delito de falsificación documental y apropiación indebida.

Asimismo, el fiscal observa indicios de un delito de administración desleal en el alquiler de cinco locales propiedad de la Fundación Catalunya i Territori a UDC, desde 2002, ya que desde 2005 la fundación no percibió ningún alquiler de parte del partido, además de su posterior venta de estos locales "por un precio sensiblemente inferior al de mercado".

Para la Fiscalía, resulta "razonable" que debido a la "afinidad ideológica y los vínculos estrechos entre fundación y partido", la disposición de bienes de una a favor de la otra no se produzca necesariamente a precios de mercado, pero "una cosa es no obtener beneficios en la transmisión o procurar al comprador un precio ventajoso, y otra diferente es consentir el impago del alquiler durante más de cuatro años o vender cuatro inmuebles por poco más del valor catastral".

Entre los querellados están los principales responsables de la trama: Joan Albert L.S. y Miguel Ángel X.G., así como el ex presidente de la Fundación Catalunya i Territori Josep B.C., varios testaferros y empresarios que emitieron facturas falsas, entre otros. En la querella también aparecen 27 empresas como responsables civiles subsidiarias.

El fiscal puntualiza que en el caso de que la instrucción judicial acredite los hechos expuestos en la querella, UDC podría resultar afectada como beneficiario a título lucrativo tanto por el pago de sus servicios por parte del grupo IMS como por la obtención de locales.