Seis años de prisión para un empresario por tender una trampa sexual a su asesor legal

BARCELONA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha condenado al administrador y socio de una empresa informática a cinco años y 10 meses de prisión por tender una trampa sexual al asesor legal de la sociedad y chantajearle con publicar fotografías comprometidas porque le culpaba de sus pérdidas.

El juez también ha condenado a penas de un año y cuatro meses de cárcel a tres de los colaboradores de este empresario, Miguel M., que en 2007 contrató a una prostituta a través de una persona para que entablase relación con la víctima, y a un detective privado para que filmara los encuentros.

Según la sentencia, el principal acusado, Miguel M., concibió la idea de forzar a José Ignacio G. --el abogado-- a que le pagara dinero porque le creía culpable de las pérdidas de su empresa hasta 2003, cuando él dejó de administrarla.

Así, la prostituta Nury M. simuló encuentros fortuitos en el restaurante donde solía comer la víctima y consiguió una cita con él en un hotel de Barcelona, donde los colaboradores del administrador habían ocultado una cámara de vídeo, lo que la prostituta conocía, según la sentencia.

El detective grabó en vídeo los encuentros sexuales en hoteles de Barcelona, entregándole el material al empresario para que, posteriormente, pudiera chantajear al abogado con la compra de acciones de la empresa.

Estas grabaciones fueron custodiadas por el contable Sigfrid Q. --ha sido absuelto-- hasta el marzo de 2008, cuando el principal encausado anunció a su colaborador que "llevaba tiempo preparándose para arruinarle la vida", y le envió una de las fotografías en las que salía con la prostituta.

Tras concertar una reunión en el despacho del abogado, Miguel M. acudió al encuentro arropado por un hombre corpulento --no condenado-- para intimidar a la víctima, advirtiéndole que, si no compraba acciones de la empresa informática por 700.000 euros y dos coches, iba a difundir las imágenes.

Coaccionado, el letrado accedió a un segundo encuentro, cuando supuestamente tenía que entregarle un primer pago de 300.000 euros, aunque logró que la policía detuviera al presunto chantajeador antes de darle el dinero.

En el juicio los colaboradores reconocieron los hechos y algunos de ellos apuntaron a que fue Miguel M. quien les dio el encargo; antes del juicio ya habían abonado al perjudicado indemnizaciones de entre 3.000 y 12.500 euros.

Por ello, el juez ha condenado al principal acusado como responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y otro de amenazas, mientras que a sus colaboradores les ha condenado por revelación de secretos con el atenuante de reparación del daño --han indemnizado a la víctima-- y confesión de los hechos.

Ha quedado absuelto de un delito de amenazas el contable que trabajaba en las empresas de Miguel M., que se encargó de custodiar la documentación que permitió chantajear al asesor legal.