La Síndica de Barcelona pide más viviendas de emergencia para los desahuciados

Publicado 12/06/2015 11:23:08CET
Concejal Joan Puigdollers (CiU), síndica greuges Barcelona Maria Assumpció Vilà
EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha pedido incorporar más viviendas de emergencia en el protocolo municipal de actuación en caso de desahucios y la puesta en marcha de un plan de choque para incrementar el número de pisos de alquiler social de la ciudad.

Según un comunicado de este viernes, ha enviado un informe al Ayuntamiento considerando que quien debe supervisar los desahucios en la ciudad es el personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb) "para atender las personas que requieren de atención psicológica urgente", y no los trabajadores de Servicios Sociales, que sí deberían ser avisados con mayor antelación para buscar una solución antes del desalojo.

Vilà ha sugerido incrementar el fondo de viviendas públicas a través de la recuperación y rehabilitación de pisos o su compra a entidades financieras, y ha pedido incorporar a los cuerpos policiales en el protocolo de ejecución de desahucios "para una mayor coordinación", ya que ni los Mossos d'Esquadra ni la Guardia Urbana participaron en la redacción del documento actual.

También ha pedido que los Servicios Sociales conozcan los casos de riesgo con mayor antelación: "En un proceso de desahucio en curso por tres meses de impago de alquiler, es mucho más caro el realojo posterior que ofrecer una ayuda económica para salvar la deuda y buscar soluciones al pago de recibos futuros".

El informe de la Síndica es fruto de una queja de trabajadores del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) disconformes con el procedimiento actual, aprobado en 2013, que consideran que no asegura un número de recursos residenciales suficientes.

Los reclamantes exigieron revocar el acuerdo vigente y paralizar todos los desahucios pendientes en la ciudad hasta la redacción de un nuevo protocolo "que garantice el derecho a la vivienda digna de las personas afectadas".