Los trabajadores de la funeraria de Barcelona piden a Hereu que asegure el futuro de la compañía

BARCELONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de UGT y CCOO en Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) han reclamado al alcalde Jordi Hereu que asegure el futuro de la compañía y garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo, por lo que le reclamaron que acometa la reordenación societaria de la compañía.

El Ayuntamiento es propietaria del 51% de SFB -que gestiona los cuatro tanatorios municipales- decidirá mañana sacar a concurso el 36% del capital y quedarse con el 15%, a la vez que recuperaria el 100% del capital de los cementerios municipales. El restante 49% es de Mémora, principal grupo funerario de España.

El portavoz del comité de empresa de SFB, Octavi Vidal (UGT), afirmó que para competir es necesario que la empresa deje de ser de mayoría municipal porque la actual propiedad mixta está "hipotecando su futuro" al impedir a la compañía pueda competir fuera del municipio de Barcelona.

Vidal considero una buena noticia que Mémora esté dispuesta a invertir 110 millones en SFB y trasladar su sede de Madrid a Barcelona porque esto garantizará los puestos de trabajo en un momento en que la liberalización del sector los pone en riesgo, a su juicio.

"Pedimos claridad y que el Ayuntamiento explique muy bien la decisión que tome, que se expliquen cómo se garantizarán los puestos de trabajo y qué consecuencias tendrá la solución que se adopte", afirmó.

Por su parte, el representante de CC.OO. en la empresa, Raul Valls, afirmó que "queremos una solución que garantice la continuación y la calidad de los empleos. Nuestro miedo es que se pierda la capacidad de competir en el sector funerario en Barcelona".

"Si continuamos así, y con la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, y mientras nosotros no podamos salir y sí puedan entrar los demás operadores, perderemos cuota de mercado y se encuentra en serio peligro la continuidad de la compañía", afirmó.

La operación para reducir la participación municipal en SFB cuenta con el visto bueno de CiU, PP y ERC, que han ofrecido consenso al alcalde, y también de Instituciones como la Cámara de Comercio de Barcelona.