BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona ha citado para el viernes 22 de marzo a un subinspector jefe y dos subinspectores de la Policía Nacional para que declaren en calidad de investigados por la actuación policial el 1-O en la Escola Estel de Barcelona, ha explicado el teniente de alcalde Jaume Asens en Twitter.
En dos apuntes en la red social recogidos por Europa Press, Asens destaca que "estas tres nuevas imputaciones se han acordado después de que la Audiencia de Barcelona diera la razón al Ayuntamiento --que ejerce de acusación popular-- y reabriera la causa sobre la Escola Estel".
"Ahora el juzgado rectifica y cita como investigados a los tres máximos mandos" del dispositivo en este centro, ha resaltado Asens, que ha destacado que actualmente hay 37 agentes de la Policía Nacional investigados por su actuación en colegios el 1-O en Barcelona.
Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, previamente, el viernes 15 de marzo están citados otros tres agentes de la Policía como investigados por actuaciones en otros centros de la ciudad, que ya estaban bajo investigación pero que no habían podido prestar declaración hasta este momento, así como un testigo.
AUTO DE LA AUDIENCIA
La Audiencia de Barcelona ordenó al Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona reabrir la causa por 18 ciudadanos y dos policías lesionados en la Escuela Estel y le pidió averiguar "las concretas órdenes que fueron emitidas por los responsables del operativo", si se dieron de forma genérica o desde el propio centro a la vista de la aglomeración de personas.
Reclamaba ponderar en la instrucción si el uso de la fuerza empleado o si las órdenes dadas "se ajustaron o no a la situación allí planteada", por si a los responsables del dispositivo se les podían atribuir las lesiones ocasionadas.
La Sala entendió que había un mandato de la Fiscalía y después del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para impedir la votación el 1-O, pero consideró que, pese a que la actuación de los antidisturbios suele ser contundente, no se les puede atribuir una "patente de corso para cualquier acción de violencia cuando resulta innecesaria, desproporcionada y con claro abuso de poder".
En el auto, el tribunal discrepó de la decisión del Juzgado de Instrucción 7 de archivar, al no tener material videográfico que permita identificar a los autores, porque consideró que esta carencia "no puede impedir una completa investigación de lo acaecido".
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