MELILLA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de Coalición por Melilla (CPM), partido de base mayoritariamente musulmana, ha propuesto la convocatoria con carácter urgente de una Junta de Portavoces de los grupos que conforman la Asamblea de Melilla y posterior Pleno Extraordinario para instar al Gobierno de la Nación "a condenar y no secundar las declaraciones unilaterales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel y trasladar a esta ciudad la embajada norteamericana".
El presidente de CPM, Mustafa Aberchán, ha señalado que esta decisión de la administración de Donald Trump "debe considerarse legalmente nula en todos los términos", según la exposición de motivos a la que ha tenido acceso Europa Press, en la moción presentada por el principal partido de la oposición en la Ciudad Autónoma "para condenar las declaraciones unilaterales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel".
Para Aberchán, "la decisión irresponsable de Trump no sólo le hacer perder toda credibilidad como potencial mediador de un futuro proceso de paz, sino que violan todas las resoluciones y acuerdos internacionales. Esto último podría derivar en una peligrosa escalada por un contexto frágil y complejo que pone en peligro la estabilidad regional y global".
En este sentido, el presidente de CPM ha indicado que "hay que resaltar que existen varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que obligan al no reconocimiento de la ocupación israelí, tanto en Cisjordania como en la parte de Jerusalén. Sin olvidar --prosigue-- que estas ocupaciones deliberadas se vienen dando desde hace décadas sobre el territorio palestino con el constante rechazo de la comunidad internacional".
Para Mustafa Aberchán, en el compromiso y respeto a las resoluciones de la ONU y de la comunidad internacional, el gobierno de la nación de España "debe velar por su cumplimiento y manifestarse en contra de esta grave decisión habida cuenta que contradice el consenso internacional que ya ha sido expresado por numerosos países del mundo".
A su juicio, el Gobierno de España ha de lanzar un llamamiento al encauzamiento de la ley internacional, porque "se trata de una decisión desafortunada y contraproducente para promover una solución".
