VALENCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
Cerca de 300 personas se concentraron hoy frente al Palau de la Generalitat para homenajear a las más de 6.400 personas en situación de dependencia que se calcula han fallecido en la Comunitat Valenciana antes de recibir la prestación establecida en la Ley de Dependencia, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2007.
La concentración, convocada por la 'Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència', se llevó a cabo en la plaza de Manises ante una de las puertas laterales del Palau de la Generalitat, donde los organizadores leyeron un manifiesto y, posteriormente, dibujaron con cirios encendidos la cifra (6.400) de los que fallecieron antes de percibir las subvenciones derivadas de la normativa.
Gran parte de los asistentes a la concentración portaban pancartas, en las que se podía leer 'Cotino dimisión. 6.400 morts (des)esperant', 'Señor Cotino en mi casa tenemos las vacas muy flacas por su culpa. Le deseamos a usted lo mismo', 'Basta de excusas', 'Mi madre murió el viernes. 91 años. Sin respuesta!' y 'Señor Camps y señor Cotino dimisión. Menos misas y más aplicar la Ley'. Asimismo, entonaron cánticos que rezaban, entre otras cosas, 'Menos trajes y más ayudas'.
La presidenta de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec) y portavoz de la plataforma, Palmira Castellano, leyó el manifiesto, con el que se homenajeó a "cada uno de los ausentes, ciudadanos con nombres y apellidos, que figuran en las solicitudes; con una historia detrás; con una lucha diaria para seguir adelante, con una esperanza que no se ha hecho realidad: la de disfrutar de unos recursos que podían haber hecho su vida menos dura", así como la de sus familiares.
Durante la lectura, la portavoz destacó que el encuentro debe servir como "un acto de denuncia". En este sentido, criticó la "incompetencia" del Gobierno valenciano, "responsable de que los fallecidos no hayan obtenido los recursos" y censuró que el Consell haya "boicoteado" la aplicación de la Ley y que hayan utilizado a los dependientes "como arma arrojadiza contra el Gobierno central, desprestigiando a las instituciones y desautorizando a los profesionales del sector".
Asimismo, reprochó a la Generalitat que haya instaurado un proceso administrativo "lento y complejo", así como "la inexistencia de una red completa de servicios", "la creación de empresas públicas de gestión privada, como Avapsa" y "la incompatibilidad" de las prestaciones, que "restringe el desarrollo de la autonomía personal de los dependientes y posibilita, además, la privatización de los servicios".
En definitiva, condenó que la Generalitat haya "marginado e ignorado a los fallecidos y despreciado el sufrimiento de las personas dependientes y sus familiares", por lo que exigió "responsabilidades" al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la "inmediata dimisión" del conseller de Bienestar Social, Juan Cotino.
MANIFESTACIÓN
Por su parte, la secretaria de Política Social de CCOO-PV y portavoz de la plataforma, Eva Hernández, explicó que la concentración de hoy es "el inicio de una serie de convocatorias" y apuntó, en este sentido, que "hay convocadas 14 concentraciones hoy en diversas localidades de la Comunitat". Recordó que las actividades culminarán el sábado 16 de mayo con una manifestación, que saldrá desde la plaza de San Agustín, a la que asistirán todas las plataformas de la Comunitat Valenciana para protestar por la gestión de la Ley.
Al respecto, añadió que es "necesario" realizar este tipo de movilizaciones, porque ya han pasado dos años desde que entrara en vigor la normativa y el resultado, denunció, "además de los más de 6.000 fallecidos sin recibir las ayudas, es que la Comunitat es la segunda autonomía por la cola en número de solicitudes registradas en el sistema, con más prestaciones económicas de cuidador familiar que el desarrollo de servicios que plantea la Ley".
Además, Hernández censuró que esta sea "la única autonomía que tiene un decreto de incompatibilidades de servicios: los dependientes sólo pueden optar a un derecho" y que haya "más de un 42 por ciento de personas que aún habiendo sido valoradas no tienen un servicio especificado", ya que existe "un embudo grandísimo en las resoluciones de los programas individuales", precisó.
Por estos motivos, señaló que algunos familiares "están empezando a recurrir administrativamente y otros están haciendo recursos judiciales", porque los dependientes están ante "la violación de un derecho fundamental" y mencionó la "presunta responsabilidad patrimonial que tiene la Administración autonómica con 6.400 personas fallecidas".
