Actualizado 14/03/2014 19:25 CET

Abogados de ex altos cargos de Solidaridad arremeten contra técnicos y su "nefasta" gestión de expedientes

VALENCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Abogados de ex altos cargos de la extinta Conselleria de Solidaridad han arremetido contra el trabajo de los técnicos y funcionarios del departamento y han calificado su gestión de los expedientes de "nefasta" y "desastrosa". Por contra, han defendido las actuaciones de sus representados e, incluso, el letrado del exsubsecretario Alexandre Català ha dicho: "mi cliente lo único que hizo fue pasar por allí".

Estas son algunas de las valoraciones que han puesto de manifiesto este viernes los letrados de Català, del ex director general Josep María Felip, y del exjefe de gabinete Xavier Llopis, en la lectura de sus informes durante el juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta conselleria a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.

El primero en abrir la sesión del juicio esta tarde ha sido el letrado de Català -acusado que se enfrenta a 13 años de cárcel y a 30 de inhabilitación, tal y como le reclama Fiscalía--, quien ha dedicado casi una hora de su intervención a criticar el papel de la Abogacía de la Generalitat, quien primero actuó como defensa de su representado, ya que le asistió inicialmente en la causa, y después como acusación particular.

Sobre la Abogacía, ha afirmado que el asunto es "gravísimo" y ha agregado: "si defiende a alguien no le puede acusar luego bajo ningún concepto". "Les avisamos entonces y les pedimos que se apartaran a toda prisa, y no lo hicieron. Se han mantenido en la causa con prepotencia, lo que es delictivo", ha lamentado.

Seguidamente, se ha referido al papel de su cliente en la Conselleria, y ha asegurado que no existe material constatario de cargo que permita condenarle. Así, ha indicado que técnicos que intervinieron en la gestión de los expedientes con la Fundación Cyes fueron los "responsables" de la tramitación, justificación y admisión de facturas. Al respecto ha citado a Amparo Ortiz, exjefa de Servicio de Gestión Administrativa; y a Francine Codina, técnico de la Conselleria.

Este letrado ha tachado de "desastrosa" la gestión que hicieron estos técnicos, y que se pudo ver una vez saltó el caso a la prensa y tuvieron que "poner orden a todo lo que había, a todo ese desastre". "El desastre de Francine tiene a muchos sentados aquí", ha llegado a decir el letrado de Català.

El exconseller, ante ese "desorden", "se vio en la tesitura de presentar todo eso de forma inteligible. Y esa fue la finalidad de los dossiers y de los listados de facturas admitidas y rechazadas", según ha comentado. Sobre este listado, firmado por su cliente con fecha de julio pese a que se había realizado en octubre, ha dicho que "alguien decidió poner unan fecha, no se sabe por qué, a espaldas y sin el conocimiento de Català".

En cualquier caso, ha señalado que se trataría de una "falsedad inocua", y ha añadido: "todos hemos cometido alguna falsedad algún día, sin alterar la esencia o la sustancia del hecho". Català -ha apostillado-- "lo único que hizo fue pasar por allí y colaborar con la mayor lealtad".

TURNO DE FELIP

Por otro lado, el abogado de Felip ha solicitado también la libre absolución para su cliente -para el que el fiscal pide 10 años de prisión y 27 de inhabilitación-- y ha alegado que éste no participó en "nada" con respecto a las subvenciones, ya que fueron los técnicos los que las "tramitaban, custodiaban y cerraban", ha resaltado. También ha negado que fuera el encargado de cerrar los expedientes.

Por último, el letrado de Llopis, para quien Fiscalía requiere seis años de prisión y seis de inhabilitación, ha alegado vulneración de derecho de defensa, de la tutela judicial efectiva y acusación sorpresiva. Así mismo, ha mantenido que no hay pruebas para romper la presunción de inocencia de su representado. En conclusión, ha negado que Llopis tuviera "nada que ver" con las subvenciones, y ha destacado que desconocía los expedientes de la Fundación Cyes, así como sus requisitos y facturas. También ha lamentado la gestión de los técnicos con estos proyectos y que estuvieran "como estaban".