VALENCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno valenciano aprobó hoy el anteproyecto de Ley de Régimen Local que regulará el régimen jurídico de todos los municipios y entidades locales de la Comunitat Valenciana y que contempla la creación del Fondo de Cooperación Municipal cuya dotación se establecerá en las Leyes de Presupuestos de la Generalitat.
Así lo dio a conocer hoy el portavoz del Consell, Vicente Rambla, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo valenciano, en la que ofreció detalles sobre ese nuevo fondo, que servirá para "hacer efectivo el principio de subsidiaridad de los ayuntamientos" y que deriva del compromiso asumido por la Generalitat en el Estatuto de Autonomía de "aportar recursos" a las corporaciones locales fundamentalmente por la vía de las inversiones, para compensar el esfuerzo realizado por éstas en gastos corrientes, que es su "primera dificultad", aseveró.
Rambla subrayó que la creación del fondo, que se nutrirá de recursos autonómicos, supone dar "rango legal a algo que ya tenía cobertura en las actuaciones de la Generalitat" a través de las partidas que ya se destinan a los ayuntamientos. Precisó que la financiación local corresponde por mandato legal al Estado y remarcó que es, "a todas luces, insuficiente", y añadió que, al igual que el Gobierno ha abordado la financiación autonómica "debería referirse a la financiación local", que se ha convertido en una "asignatura pendiente".
Asimismo, el portavoz del Consell destacó que el anteproyecto de ley de Régimen Local "nace de una amplia participación de todos los ámbitos municipales" y se ha aprobado previamente en la Comisión Mixta creada entre el Gobierno valenciano y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
El texto consta de 187 artículos divididos en 11 títulos dedicados al municipio, la provincia, la comarca, las entidades locales menores, las entidades metropolitanas, las mancomunidades y otras formas asociativas de municipios, disposiciones comunes a los entes locales, relaciones entre la comunidad autónoma y las entidades locales, el personal al servicio de las entidades locales, bienes actividades y servicios y haciendas locales.
El anteproyecto contempla la creación de un Registro de Entidades Locales de la Comunitat Valenciana en el que se inscribirán todas las entidades locales y tendrá carácter público. También prevé la regulación con rango de ley del Consell Técnic de Delimitació como órgano encargado del estudio, consulta, propuesta, mediación y arbitraje respecto a la demarcación y delimitación territorial de las entidades locales valencianas.
Asimismo, se regulará con rango de ley la Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para mejorar el funcionamiento coordinado de las distintas administraciones públicas.
RÉGIMEN DE GESTIÓN COMPARTIDA
El anteproyecto contempla, igualmente, la creación del Régimen de Gestión Compartida destinado a pequeños municipios, que consiste en un régimen simplificado de organización y funcionamiento, así como la dispensa de prestar determinados servicios municipales mínimos obligatorios.
El texto introduce fórmulas de descentralización administrativa en beneficio de las entidades locales de acuerdo con el principio de subsidiariedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía.
En materia de personal, se crea la figura de las agrupaciones de municipios para el sostenimiento en común del personal a su cargo, que permite que varios ayuntamientos se unan, para retribuir entre todos determinados puestos de trabajo que por sí solos no pueden sostener, como puestos de carácter técnico, arquitectos, aparejadores o aquellos que requieran unos conocimientos especiales, como trabajador social.
Asimismo, a través de esta norma, la Comunitat se convierte en la primera autonomía que regula legalmente el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter estatal.
El anteproyecto articula las distintas formas de participación e información ciudadana. En concreto, se crean instituciones como el Defensor del Vecino, el Consejo Social o el Consejo Territorial de Participación.
Rambla subrayó que el documento se ha remitido a todas las consellerias, diputaciones provinciales y colegios de secretarios, interventores y tesoreros de la Comunitat Valenciana con la finalidad de llegar a un acuerdo común y dar cabida a sus oportunas alegaciones.
De esta manera, el texto aprobado recoge un total de 130 alegaciones, cerca de la mitad de las formuladas. Tras su aprobación por el Consell, se remitirá al Consell Jurídic Consultiu.