El Ayuntamiento de Alicante denuncia en Fiscalía las adjudicaciones de vivienda para saber si hay "irregularidades"

   ALICANTE, 3 (EUROPA PRESS)

   El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este martes la presentación de una denuncia en la Fiscalía tras la polémica surgida por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en una promoción construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan. El objetivo es determinar si algún funcionario ha podido cometer "irregularidades" en el proceso.

   Así lo ha indicado el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (PP), en la rueda de prensa celebrada tras la junta de gobierno local. Durante esta comparecencia ante la prensa, ha incidido en que la decisión también se debe a la "falta de competencias" del consistorio para indagar sobre este caso.

   Igualmente, ha aseverado que el Ayuntamiento cruzará la lista de los adjudicatarios con la de los funcionarios municipales "para ver si hay alguno más" y determinar si en cada caso se cumple la normativa y, por tanto, si hay o no irregularidades. "No estamos condenando ni nada por el estilo. Quiero que quede muy claro, para que nadie piense que estamos amenazando a funcionarios", ha agregado.

   Por otro lado, ha informado de que Rocío Gómez formalizó este lunes su renuncia como concejala de la corporación municipal, donde era encargada del área de Urbanismo dentro del equipo de gobierno 'popular'. Además, ha concretado que este jueves se celebrará un pleno extraordinario y monográfico en el que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, dará "explicaciones".

   Gómez anunció su dimisión el pasado viernes tras conocerse que ella está entre las adjudicatarias de estas viviendas. La ya exedil justificó la decisión en que se apartaba del cargo para que la investigación pudiera "seguir su curso sin interferencias de ningún tipo" y "después de haber aportado toda la documentación" requerida.

FUNCIONARIA MUNICIPAL

   La renuncia de Gómez se suma a la de María Pérez-Hickman como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento, tras las informaciones periodísticas que señalan que familiares suyos son beneficiarios de VPP. Dichas publicaciones apuntan igualmente que un arquitecto municipal también está entre los adjudicatarios.

   Además, el consistorio está "a la espera de verificar los hechos e identidad de la funcionaria municipal cuyo cónyuge ha sido objeto de un expediente de suspensión de empleo y sueldo" por parte de la Generalitat, por supuestamente omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte. La administración local estudia si las mismas medidas cautelares pueden ser aplicadas "a esta empleada del Ayuntamiento".

"CONTUNDENCIA" Y "TRANSPARENCIA"

   El vicealcalde ha trasladado la "indignación" del equipo de gobierno del PP por los hechos conocidos y ha defendido que el ejecutivo de Barcala ha actuado "con total contundencia", "celeridad" y "transparencia".

   Del mismo modo, ha reconocido la "implicación" con la que la Generalitat Valenciana está actuando para "esclarecer" los hechos, hacer "comprobaciones" y adoptar medidas "dentro de sus competencias".

   Villar ha aseverado que el Ayuntamiento licitó la venta de ese suelo municipal "a un precio tasado" para "hacer una vivienda de promoción privada". Posteriormente, según ha detallado, la cooperativa eligió "a los cooperativistas" y "no hay ninguna norma que establezca" un control municipal al respecto.

NORMATIVA AUTONÓMICA DEL 2009

   Igualmente, ha recalcado que se ha aplicado por parte de "todas las administraciones competentes" una normativa autonómica "que viene del año 2009 y que no fue modificada" ni por el gobierno actual ni los anteriores, "ni siquiera" el Consell del Botànic, "integrado por el PSOE, Compromís y Podemos", ha enfatizado.

   Villar ha hecho hincapié en que la Conselleria de Vivienda "es la que visa la documentación y acredita si los cooperativistas cumplen con los requisitos o no" y que "ahí tampoco interviene el Ayuntamiento".

   Así, ha proseguido, el consistorio "no adjudica vivienda alguna", ya que "se limita exclusivamente a licitar la venta de un suelo y, en su caso, finalmente conceder la licencia de obra".

   De nuevo, Villar ha insistido en la idea que trasladó la semana pasada Barcala y ha abogado por "revisar" la normativa relativa a los procesos de adjudicación y acceso a las viviendas de promoción pública, aunque habrá que determinar si hay o no "irregularidad" en el caso de esta promoción de Playa de San Juan.

   Finalmente, al ser preguntado por si el Ayuntamiento llevará a cabo acciones para determinar si las VPP de esa promoción están habitadas por los adjudicatarios o si hay algunas que se están alquilando, ha recordado que el consistorio ha trasladado esta cuestión a la Fiscalía.

 EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN DE HECHOS

   Desde el Ayuntamiento han concretado que "una vez concluido el expediente de averiguación de hechos" encargado la semana pasada por el alcalde, se ha presentado la denuncia en el Ministerio Fiscal "con el objetivo de que se esclarezcan todas las circunstancias que rodean el proceso de adjudicación de las viviendas de promoción pública de iniciativa privada mediante cooperativa en la promoción de Les Naus en La Condomina".

   También ha subrayado que el primer edil ha citado este martes a las 13.30 horas a los portavoces de los grupos políticos municipales para comunicarles la convocatoria del pleno extraordinario y monográfico sobre este asunto para el jueves y "en el que se les entregará el informe de aclaración emitido por el secretario".