El Ayuntamiento de Alicante detectó vínculos entre beneficiarios de las viviendas públicas y "empleados o cargos"

   ALICANTE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Servicio de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento de Alicante constató que "algunos beneficiarios" de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de la promoción construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan "mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos" del consistorio "que pudieron participar en fases relevantes del expediente de enajenación" de la parcela.

   Esta conclusión del Servicio de Gestión Patrimonial se incluye en la denuncia presentada este martes por el consistorio ante la Fiscalía Provincial de Alicante, a la que ha tenido acceso Europa Press. En concreto, los Servicios Jurídicos Municipales señalan en la denuncia que la administración local "adjudicó, mediante licitación pública, el contrato de enajenación" de ese terreno municipal para la construcción de 140 VPP, si bien de promoción privada, a la cooperativa Residencial Les Naus.

   También resaltan que la intervención del Ayuntamiento en este proyecto se ha circunscrito "a las fases urbanísticas y administrativas de ejecución del contrato" y que no ha participado "en la selección o adjudicación" de las VPP, "proceso que fue llevado a cabo íntegramente por la cooperativa adjudicataria conforme a sus estatutos y regulaciones internas" y "supervisado" por la Conselleria de Vivienda, detallan.

   La denuncia recalca que, concluida la construcción y estando "próximo" el cierre del expediente, la cooperativa remitió al Ayuntamiento la certificación de la adjudicación de las viviendas, así como "un listado de todos los inmuebles entregados (identificados por número) con sus fechas de entrega, junto con los nombres y apellidos de los adjudicatarios y la acreditación de que cada uno de ellos cumplía los requisitos legales de acceso a vivienda protegida".

   Fue al examinar ese listado cuando el Servicio de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento constató que "entre los compradores adjudicatarios" había "personas vinculadas a personal municipal que había intervenido en la gestión del contrato".

POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

   "Según certifica la propia cooperativa, todos los adjudicatarios, incluidos los vinculados a personal municipal, cumplen los requisitos exigidos por la normativa aplicable de vivienda protegida; no obstante, la concurrencia de estos vínculos personales levantó señales de alerta por posible conflicto de interés y eventuales incumplimientos del deber de abstención de dichos empleados o autoridades en el procedimiento administrativo", detalla la denuncia.

   Agrega que, ante la situación descrita, el Servicio de Gestión Patrimonial elaboró un informe en el que "se dejan plasmados los hallazgos iniciales y sus implicaciones" y se alertó de que "personal municipal posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario (directa o indirectamente) de una vivienda protegida" en este complejo.

   Ese informe avisaba de "posibles conflictos de interés derivados de este hecho" y de un "posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP construidas, bien por no cumplirlas directamente, bien por haber faltado a la verdad" o haberla "omitido" a la hora de "declararlas, ya que hay supuestos en los que la mera condición, nivel y categoría de los adquirientes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles".

   También se destacó que "al menos un arquitecto municipal participó activamente en el asesoramiento y seguimiento del contrato con la cooperativa durante su ejecución, sin que conste que hubiera puesto de manifiesto su interés personal (como futuro adjudicatario de una vivienda) ni se hubiera abstenido, incumpliendo presuntamente lo previsto en el artículo 23.2.a) de la Ley 40/2015".

CONCEJALA, DIRECTORA GENERAL Y ARQUITECTO

   La denuncia presentada por el Ayuntamiento también recoge las conclusiones del expediente de averiguación de hechos encargado por el alcalde Luis Barcala la semana pasada, según las cuales, "no procede exigir responsabilidad disciplinaria alguna a los empleados o autoridades investigados, al no haberse acreditado una infracción efectiva de sus deberes funcionales en los términos de la normativa de función pública aplicable".

   "No hubo participación formal de estas personas en el expediente que invalide o vicie las actuaciones municipales relativas al contrato", agrega sobre los "tres casos concretos en que personas relacionadas directamente con el Ayuntamiento de Alicante aparecían como adjudicatarias" de VPP.

   Se refiere a la ya dimitida concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; a la "relación de consanguinidad" con adjudicatarios en el caso de la ahora exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, y a un arquitecto municipal.

   Tras el análisis de la "participación administrativa" de Gómez, Pérez-Hickman y este arquitecto, el informe tras el expediente de averiguación de hechos concluye que "no" se han constatado "intervenciones formales ni decisorias" por su parte "en los procedimientos relativos al contrato que exigieran su abstención".

   Al respecto, subraya que "el alcance de esta investigación interna se limitó estrictamente a la participación de funcionarios o autoridades municipales en el procedimiento de venta del suelo" y que "no abarcó, por tanto, el proceso de adjudicación de las viviendas a los cooperativistas o adquirientes finales, al tratarse de un ámbito completamente ajeno al Ayuntamiento y cuya supervisión recae en la Generalitat (Conselleria de Vivienda)".

"INCÓGNITAS Y ASPECTOS FÁCTICOS NO ESCLARECIDOS"

   En la denuncia presentada en Fiscalía también se indica que el Ayuntamiento "carece de capacidad y de cualquier tipo de competencia para supervisar que los adquirientes" de las VPP "cumplen con los requisitos que la normativa establece".

   Y remarca que, "a pesar de lo expuesto" y ante "sucesivas noticias de prensa" donde "se pone de manifiesto que pueden existir irregularidades en los requisitos que debían cumplir algunas" de las personas adjudicatarias, el consistorio observa que "subsisten incógnitas y aspectos fácticos no esclarecidos mediante la investigación interna".

   En esta línea, indica que le "preocupa" la "posibilidad de que pudieran haberse dado intervenciones materiales o influencias funcionales no documentadas oficialmente por parte de las personas implicadas y otras que pudieran haber favorecido directa o indirectamente la adjudicación de las viviendas a su favor o de sus allegados".

   También indica que consta que el arquitecto municipal mencionado "prestó apoyo técnico durante la ejecución del contrato", con reuniones de trabajo con el personal del Servicio de Patrimonio e incluso con representantes de la cooperativa, "hasta el punto de que llegó a proponerse su nombramiento como responsable municipal del contrato en 2024 (en sustitución del técnico jubilado) dada su implicación en el seguimiento del proyecto".

   "Si bien finalmente se designó a otro arquitecto como responsable formal (por directriz de la Concejalía de Urbanismo), lo cierto es que este empleado intervino de facto en la gestión del contrato al menos durante el año 2024, sin que conste que advirtiera ni se apartara pese a su interés personal en la promoción", recoge la denuncia.

FUNCIONARIO EXPEDIENTADO

   Del mismo modo, hace referencia a las noticias después de que la Generalitat haya suspendido de empleo y sueldo a un funcionario por un visado de esta promoción, al ser marido de una solicitante que resultó adjudicataria y que es "funcionaria del Ayuntamiento de Alicante" y por supuestamente omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.