VALENCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Valencia y candidata del PP a la reelección, Rita Barberá, ha asegurado este jueves sobre la decisión de la Fiscalía de investigar los gastos de representación de la primera edil y de su equipo de gobierno entre 2011 y 2014 a raíz de la denuncia presentada por Compromís y que hizo pública en la web 'Ritaleaks', que abrir diligencias "es lo que la Fiscalía hace de ordinario y es lo que debe hacer".
Barberá ha realizado estas declaraciones antes de comenzar la visita que ha hecho esta jornada al Mercado Central de Valencia dentro de los actos de campaña electoral, al ser preguntada por la decisión del ministerio público.
La primera edil ha respondido a los medios leyendo un informe que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia han redactado al respecto ante la consulta formulada desde el equipo de gobierno municipal. Así, ha expuesto, como indica este escrito, que la decisión de la Fiscalía de estudiar dicha denuncia es "un acto debido" que "significa, lisa y llanamente la obligación de registrar la existencia de una denuncia, de cualquier denuncia, para comprobar si tiene relevancia penal".
"Pero la admisión, obviamente, no quiere decir que tenga relevancia penal alguna, es una cuestión meramente de procedimiento", ha continuado atendiendo a lo que señala el informe de los servicios jurídicos. Igualmente, este documento apunta que el hecho de que "la Fiscalía abra diligencias penales ante una denuncia es lógicamente la obligación legal de la Fiscalía", dado que "es a quien corresponde velar por la defensa de la legalidad".
Rita Barberá ha considerado al comenzar sus declaraciones ante los medios de comunicación y en alusión a la denuncia de Compromís y a la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer que el ministerio público la investigará, que "estamos ante una enorme manipulación de última hora". "Es la desesperación de la campaña manipuladora de la izquierda", ha agregado, al tiempo que ha criticado que "se está pretendiendo engañar con el significado de esa admisión".
La candidata a la reelección ha afirmado que esa "manipulación da vergüenza absoluta" y ha criticado que "Compromís e Izquierda Unida están haciendo auténticas barbaridades de intentos judiciales de judicializar la política". Ha comentado que es así "porque uno se queda fuera y el otro quiere llevarse el escaño".
"UNA SUCIEDAD MÁS"
"Esto es una suciedad más de esta campaña terrible que estamos viviendo, que se les acaba y que no saben ya qué hacer para apartarme", ha agregado Barberá. En este punto, preguntada por si esas actuaciones pueden perjudicarla a cuatro días de los comicios del 24 de mayo ha indicado: "los que tienen que perjudicarse son ellos por la manipulación y la suciedad de campaña".
El informe de los servicios jurídicos del consistorio indica, como ha leído la candidata 'popular', que a partir de la decisión de investigar la citada denuncia "la fiscalía deberá realizar la mínima valoración que le permita, como entendemos a todas luces sucederá, decretar inmediatamente el archivo de tan infundada denuncia".
Tras ello, Barberá ha destacado el "archivo de denuncias que reiteradamente hace la Fiscalía", al que también se refiere el documento de los servicios jurídicos municipales. "El archivo de denuncias se ha producido otras veces", dice el escrito y cita "como ejemplo, el decreto de archivo de las denuncias de Compromís con la Japan Week" o "el más reciente archivo de las denuncias --en este caso de EU-- por la concesión de licencias en el Cabanyal".
El informe de los servicios jurídicos continúa diciendo que "con todo, se quiere dejar claro que en ningún caso se trata de actuaciones judiciales, sino de meros escritos de denuncia que la Fiscalía suele archivar ante la falta de un fundamento mínimo que permita mantenerlas en sede judicial".
"DEBER DE RESERVA"
Así, el documento acaba apuntando que "finalmente, sí ha existido vulneración de las normas imperativas" y que "ha sido por parte de Compromís que no obstante haber tenido acceso por parte del Ayuntamiento, con toda comodidad y facilidad, a todas las facturas, ha incurrido en la vulneración del derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal, de lo que ya está conociendo la agenda española de protección de datos e, incluso, una presunta vulneración de normas básicas" aunque "esta vez de carácter penal, por relevar informaciones de las que conoce por razón de su cargo y que sin embargo tiene el deber de reserva".
