Caturla acepta once meses de prisión por insolvencia punible al intentar ocultar sus bienes al destaparse el caso Taula

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El que fuera vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia con Alfonso Rus al frente; diputado de Economía y Hacienda; portavoz adjunto de la corporación provincial con el PP y ex consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, ha aceptado cumplir once meses de prisión por insolvencia punible en una pieza separada del caso Taula, en concreto la G.

El ex alto cargo con el PP ha alcanzado una conformidad con el ministerio fiscal para aceptar esa condena por intentar ocultar su patrimonio cuando se destapó el caso Taula y ya días antes de la presentación de la primera denuncia. Asimismo, Caturla pagará una multa de 2.700 euros.

El juzgado ha absuelto tanto a una sociedad --sobre la que el fiscal retiró la acusación-- como a los familiares de Caturla de la responsabilidad civil que, a título lucrativo, se les pedía. La vista por estos hechos se ha celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 18 de València. El fallo ha sido declarado firme ya que las partes han expresado su decisión de no recurrir.

El acusado está condenado por la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia a cinco años de prisión por malversación, prevaricación y falsedad documental en el caso de los 'contratos zombies' en la misma trama, y a pagar a Ciegsa la cantidad de 655.310,46 euros en concepto de responsabilidad civil.

SUSPENSIÓN

Sin embargo, esta sentencia ha sido recurrida por la defensa del acusado ante el Tribunal Supremo, por lo que no es firme. De esta manera, dado que la pena impuesta en esta causa no supera los dos años de prisión y conforme a la hoja histórica penal no constan a esta fecha antecedentes penales, se ha acordado la suspensión de esta condena de once meses --el fiscal no ha mostrado oposición-- condicionada a que no delinca en un plazo de dos años.

Según se ha declarado probado en la sentencia, Caturla pretendía colocarse en situación patrimonial de insolvencia para no hacer frente a las posibles obligaciones pecuniarias derivadas de pleitos futuros, al destaparse en 2014 la investigación del caso Taula, pero no logró su propósito porque el Juzgado de Instrucción número 18 de València, encargado de la investigación, embargó en su día su finca La Corona hasta el importe de dos millones de euros en que se fijó su posible responsabilidad civil.

El primer informe policial en esa causa se remontaba a 8 de marzo de 2015 y el juzgado incoó en abril de ese año las diligencias previas 881/15. El acusado ya en 2014 conocía de las investigaciones, tanto a nivel administrativo como judicial, que se estaban produciendo por la gestión efectuada en la Diputación Provincial de Valencia y principalmente en la empresa pública Imelsa, dado que el entonces gerente de esa entidad, el autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, les comentó su decisión de dejarlo todo y se marchó fuera de España.

El 30 de julio de 2014 Caturla era titular de cuatro bienes inmuebles, entre ellos la Finca La Corona, valorada pericialmente en 2.436.606 euros; un chalet en Dénia; una parcela rústica en Fontanars y una nave industrial en la misma localidad, además de poseer 18 vehículos a motor y ostentar el 84 por ciento de las participaciones de una sociedad.

DÍAS ANTES DE LA DENUNCIA

Según consta en la sentencia, días antes de la presentación de la primera denuncia, Caturla ya comenzó a realizar las operaciones tendentes a descapitalizar sus propiedades y ante notario el acusado donó participaciones de la sociedad --que era propietaria de diversas fincas-- a sus hijos.

Y así, realizó operaciones patrimoniales durante la presentación de las primeras denuncias en el año 2014 y la posterior actuación policial a principios del 2016 para eludir las responsabilidades civiles derivadas de la causa penal y también se deshizo entre el 13 de mayo de 2015 y el 30 de noviembre de ese año de seis de los 18 vehículos que poseía.