El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (d), preside la toma de posesión de Nuria Martínez (i) como consellera de Servicios Sociales y Justicia en la Casa de las Brujas, sede del Consell en Alicante - GVA
VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de València, Castelló y Alicante, y los colegios de Educadoras y Educadores Sociales y de Psicología de la Comunitat Valenciana han expresado su "profunda preocupación" por la decisión anunciada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de no designar una persona titular al frente de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia después de la salida de Elena Albalat, y de integrar la mayor parte de sus competencias en la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación.
Las juntas de gobierno de los colegios profesionales han alertado en un comunicado de que esta reestructuración "puede debilitar el rango institucional de los Servicios Sociales, comprometer el desarrollo del sistema público y tener consecuencias directas tanto en las condiciones de trabajo de los y las profesionales como en la atención a la ciudadanía". Por eso, han reclamado que se garanticen la continuidad, los recursos y la especificidad del sistema de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana.
Desde los cinco colegios profesionales han incidido en que los Servicios Sociales constituyen el cuarto pilar del Estado del Bienestar. "No son un apéndice ni un servicio secundario, sino una estructura pública compleja, técnica y esencial que atiende miles de personas en situación de vulnerabilidad, dependencia, riesgo de exclusión o emergencia social", señalan.
Por este motivo, consideran que necesitan una conselleria propia, con liderazgo político específico, capacidad presupuestaria, especialización y recursos suficientes para dar respuesta a la realidad social valenciana.
IMPACTO EN PROFESIONALES Y CIUDADANÍA
La reorganización administrativa genera una "seria alarma" en el sector por las consecuencias que puede tener en dos ámbitos fundamentales: El primero, el de profesionales y equipos de trabajo. "Los y las profesionales del Trabajo Social, la Psicología y la Educación Social se encuentran exhaustas y sobrepasadas en su día a día, a la vez que gestionan de manera constante el impacto social de las emergencias. La pérdida de representación institucional específica de los Servicios Sociales amenaza con agravar la sobrecarga laboral, frenar el desarrollo normativo y la consolidación de las plantillas, y dificultar una interlocución directa y especializada con la Administración autonómica", han comentado.
El segundo está relacionado con las personas usuarias y sus familias. "Las personas en situación de dependencia, las familias cuidadoras, la infancia, la juventud, las personas mayores y los colectivos más vulnerables no pueden permitirse interrupciones, dilaciones ni incertidumbres administrativas", han dicho.
Y han agregado: "La desaparición de una conselleria específica puede poner en riesgo la agilidad en la tramitación de la dependencia, las resoluciones de ayudas, la acción concertada y las órdenes de desarrollo normativo vigentes".
"Los Servicios Sociales no pueden ser absorbidos como un área secundaria dentro de un departamento con competencias de naturaleza jurídica e institucional tan dispares. Desde los colegios profesionales exigimos especialización, planificación a largo plazo y una coordinación sociosanitaria estrecha", afirman.
A su juicio, "reducir la estructura política de los Servicios Sociales repercute directamente en la calidad de la atención y en la garantía de derechos de la ciudadanía más vulnerable, además de precarizar la tarea de las y los profesionales que sostienen el sistema", señalan las juntas de gobierno de los colegios.
Las entidades profesionales entienden que la Generalitat tiene competencias para reorganizar su estructura ejecutiva, pero advierten que la política social de la Comunitat Valenciana "no puede dar pasos atrás". Por este motivo, solicitan al presidente del Consell que reconsidere la decisión y restituya una conselleria específica de Servicios Sociales.
Así mismo, exigen que se garantice la continuidad de los compromisos económicos, las convocatorias de subvenciones, las resoluciones de dependencia y de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), el Contrato Programa y la acción concertada, sin interrupciones; se asegure la estabilidad laboral y profesional de los y las trabajadoras sociales y de los equipos interdisciplinares del sistema público y de la iniciativa social; y se mantenga un espacio de diálogo fluido y directo con los colegios profesionales antes de adoptar decisiones de gran trascendencia estructural.
