El Consell afirma que usará "la cláusula Camps para exigir lo mismo que pueda tener otro territorio"

Actualizado: miércoles, 14 abril 2010 16:07

ALICANTE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) - ADSE

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, afirmó hoy, preguntado por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña, que el Consell utilizará "la cláusula Camps" y modificará el Estatuto de la Comunitat "si hiciera falta, para exigir lo mismo que pueda tener otro territorio para su desarrollo, progreso y crecimiento".

Castellano hizo estas declaraciones hoy en Elx (Alicante) tras el acto de presentación del proyecto de construcción del edificio que albergará las nuevas dependencias de la Policía Local ilicitana.

En este sentido, Castellano anunció que se aplicará "la cláusula Camps" y se iniciará "las modificaciones estatutarias que toquen para no tener ninguna competencia menos que cualquier otra Comunidad Autónoma".

COMISIÓN DE EXPERTOS

Asimismo, Castellano destacó que el Consell ha elegido 12 expertos para formar parte de la Comisión de Estudio de la sentencia que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña.

El objetivo de esta comisión, formada por doce personas, es poder analizar "al detalle" la sentencia del TC y determinar si la misma supone "un menoscabo en los derechos e intereses generales de la Comunitat y sus ciudadanos".

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, aseguró que el "Gobierno valenciano no va a consentir que se menoscabe ni un solo derecho de los valencianos y mucho menos que el Gobierno socialista conceda a otras Comunidades lo que niega a la Comunitat valenciana".

"Desde el Gobierno valenciano se entiende que lo que determine el TC como constitucional para Cataluña, también lo será para el resto de territorios y por tanto, el Consell está dispuesto a aplicar la Cláusula Camps del Estatuto de autonomía de la Comunitat, para tramitar su reforma de manera inmediata, si entendemos que la resolución del TC vulnera derechos e intereses generales de los valencianos".

Para Castellano, "la política sin rumbo del Gobierno socialista ha generado conflictos territoriales que ahora el TC se ve obligado a resolver y por ello, desde la Comunitat se estará atento a esa resolución para que no se menoscabe ningún derecho que corresponda a los valencianos".

Al respecto, el conseller aseguró que los valencianos "no consentirán más afrentas ni discriminaciones porque son tan ciudadanos de primera como los de cualquier otra comunidad y no van a tolerar que, por intereses electoralistas y partidistas, el Gobierno socialista les relegue a un segundo plano".

Por último, Castellano apuntó que un Estatuto "no puede arrogarse derechos y deberes que sólo otorga la Constitución" y por ello, ha asegurado que "si el TC acepta cómo válido el Estatuto de Cataluña, la Generalitat utilizará todos los instrumentos a su alcance para garantizar la no discriminación territorial en temas clave como el agua, la financiación, las infraestructuras y en todas aquellas cuestiones que dañen nuestros intereses estratégicos y económicos".

Los miembros que formaran la comisión de estudio para analizar con detalle lo que el Tribunal Constitucional dictamine la próxima semana sobre el Estatuto Catalán son

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, presidirá la comisión de estudio, cuya vicepresidenta será la consellera de Justicia y AAPP y Portavoz del Consell, Paula Sánchez de León Guardiola, y sus vocales el presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Vicente Garrido Mayol, el presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES), Rafael Cerdá Ferrer, el catedrático de Derecho Financiero de la Universitat de València , Juan Martín Queralt, la profesora de Derecho Vicil, Rosa Moliner Navarro, el director del Gabinete del Presidente de la Generalitat, Pablo Landecho Campos, el secretario Autonómico de Economía y Presupuestos, José Manuel Vela Bargues, la secretaría Autonómica de Política Institucional y abogada general de la Generalitat, Isabel Villalonga Campos, el abogado del Estado, José Marí Olano, el registrador de la propiedad, Vicente Carbonell Serrano, y el notario Alfonso Maldonado Rubio.