La normativa estipula la creación de una oficina postemergencias y de la Unidad de Brigadas de Emergencias
VALENCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno valenciano aprobó hoy el anteproyecto de la Ley de Emergencias de la Comunitat, una nueva normativa que sustituirá a la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, y que contemplará sanciones de hasta 600.000 euros --las consideradas muy graves-- para quien cause una negligencia manifiesta.
Así lo anunció hoy el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde resaltó la "importancia" de esta normativa y reiteró que no tiene "afán recaudatorio, sino de conciencia y de prevención de los accidentes".
Una de las novedades de esta normativa, según dijo, es que plantea que quien cause un incendio de manera intencionada o por negligencia, deberá abonar como indemnización por daños y perjuicios el coste que haya supuesto la movilización de los servicios esenciales de intervención.
De esta manera, aclaró el conseller, se asumirá el coste cuando se movilice de manera maliciosa los recursos de los servicios esenciales de intervención y, en segundo término, cuando se movilicen los recursos a una emergencia cuando esa emergencia se haya causado por una negligencia manifiesta.
Para ello, la normativa, que consta de 81 artículos englobados en 10 títulos, establece sanciones leves --de hasta 6.000 euros--; graves --de 6.001 a 150.000 euros-- y muy graves --de 150.000 a 600.000 euros--. Puso como ejemplo para ser sancionado el hecho de salir a practicar barranquismo o alpinismo cuando hay una situación de nivel rojo de preemergencia; o cuando se hacen actividades sin tener la licencia correspondiente para ello.
El conseller recordó que de los 341 incendios forestales que se registraron el año pasado, el 39 por ciento fueron intencionados y el 32 por ciento causados por negligencia, por lo que la intención que tiene la Generalitat con estas sanciones es "seguir reduciendo estas cifras al máximo".
En resumen, la ley establece "deberes" para los ciudadanos como el cumplir las medidas de prevención y protección para las personas y bienes, establecidas en las disposiciones legales, así como cumplir las recomendaciones, restricciones y prohibiciones que vengan dictadas por la autoridad competente en función de la preemergencia o emergencias derivadas.
Igualmente, la normativa establece, según comentó Castellano, como competencia de los municipios, estimar las actividades e infraestructuras que puedan verse afectadas en razón de las situaciones de preemergencias y emergencias declaradas con el fin de evitar desgracias humanas, principalmente.
Junto a ello, la ley regula la vuelta a la normalidad tras una catástrofe con la creación de una oficina postemergencias, que actuará a modo de ventanilla única. Con ella, según señaló el conseller, se "simplificarán trámites a los ciudadanos y habrá planes de retorno a la normalidad".
Así mismo, la normativa contempla la creación de la Unidad de Brigadas de Emergencias (UBE), que tendrá como función intervenir en cualquier situación de riesgo: nevadas, inundaciones o riesgos sísmicos. Estará compuesta por las brigadas terrestres y por las helitransportadas.
PLANES DE EXTERIOR
También regula los planes de emergencia exterior para grandes eventos y crea un nuevo órgano de participación, la Mesa Social de Emergencias, para emitir propuestas en materia de emergencias, dictaminar sobre proyectos o actuaciones, y colaborar en tareas de concienciación ciudadana para evitar accidentes.
El conseller también dijo que la ley hace un acento especial en materia de prevención y planificación ante emergencias, e introduce los planes de autoprotección como parte de la planificación de las emergencias: todas empresas y entidades tendrán que tener el plan ya regulado.
Así mismo, se da una regulación "más exhaustiva" del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), por lo que se aumentan los servicios esenciales de cinco a siete, y los complementarios de uno a cuatro.
Junto a ello, Castellano señaló que la normativa hace hincapié en la formación a través del Ivaspe, con la incorporación de cursos novedosos; y también regula por primera vez las distinciones en materia de Protección Civil y de Emergencias "para reconocer el esfuerzo de profesionales y voluntarios que se dedican a estas tareas".
