VALENCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha defendido la la Ley para la Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana (LOGFPV) y ha reclamado al presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, que "deje de arremeter contra los intereses de la Comunitat", tras el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Consejo de Ministros contra un artículo de dicha norma.
En un comunicado, ha reprobado que "nunca ha habido un presidente del Gobierno de España tan perjudicial para los valencianos, castellonenses y alicantinos como Zapatero", que, en su opinión, "sólo se acuerda de nosotros para mermar nuestros derechos, atacar nuestras costumbres o dinamitar nuestro porvenir".
En la misma línea, ha asegurado no entender "qué es lo que le empuja al Gobierno socialista de España a ofender y a atacar continuamente a la Comunitat" y ha denunciado que "han ido contra la caza con parany en Castellón y tienen paralizado el porvenir de un barrio emblemático de Valencia, como el Cabañal".
También ha criticado que los restaurantes de la costa valenciana "tienen hoy menos posibilidades de negocio por una persecución que no ocurre en otras comunidades", a lo que se une, ha dicho, que "ahora recurren una ley que tiene el respaldo mayoritario de los agentes sociales y políticos de la Comunitat".
Al respecto, ha recalcado que "todo esto es incomprensible y ahora estamos ante una demostración más de la inquina que profesa el Gobierno socialista hacia la Comunitat Valenciana".
En concreto, Sánchez de León ha reprobado que "en esta ocasión, un Gobierno supuestamente progresista ha decidido restringir unos derechos sociales que por acuerdo, entre la Administración del Consell y la mayoría de los representantes sindicales, están recogidos en la nueva ley, que además fue aprobada tanto por el PP, como por el PSPV en Les Corts".
En opinión de la portavoz, esa decisión "no se trata de un castigo a la Generalitat", sino de "una agresión directa a la Comunitat y en concreto a los más de 190.000 funcionarios que indirectamente se podían beneficiar por la nueva ley de la Función Pública Valenciana".
