La oposición acusa al Consell de otorgar "de tapadillo" a Vaersa la gestión territorial y el PP destaca la publicidad de la modificación
VALENCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP aprobó hoy en solitario en el pleno de las Corts Valencianes la convalidación del decreto ley del Consell que agiliza los trámites urbanísticos. La norma suprime medidas como el concierto previo o la cédula territorial de urbanización, así como la obligación de publicar los planes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y permite a los ayuntamientos reducir hasta un 50 por ciento el canon por actividades en suelo no urbanizable.
La oposición acusó a los 'populares' de utilizar el decreto como "excusa" para otorgar "de tapadillo" a la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residudos, SA (Vaersa) la gestión territorial y medioambiental y convertirla en una "segunda Ciegsa", en tanto que el PP destacó que el régimen jurídico de la empresa se podía haber modificado simplemente por acuerdo del Consell pero se ha publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, justificó la "urgencia" de la aprobación del decreto por las actuales "circunstancias críticas" y de "emergencia económica en la que nos encontramos" y remarcó que recoge las sugerencias aportadas a la reforma urbanística valenciana por entidades como los colegios profesionales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y asociaciones empresariales.
Resaltó que la norma se ha tramitado "con las garantías jurídicas necesarias" y se ha buscado "reforzar el papel de los ayuntamientos, su capaciddad de decisión y su actuación".
El diputado 'popular' José Marí Olano remarcó que todas las medidas que recoge el decreto "cuentan con un consenso generalizado de todos los sectores implicados en el urbanismo" y señaló que el Consell no ha podido incluir más sugerencias por la denuncia de la Comisión Europea contra España que pone "en tela de juicio" el urbanismo valenciano.
Destacó que el decreto ley pretende "aliviar en parte" la "complejidad" de la ley urbanística valenciana derivada de las garantías que otorga a los derechos de los propietarios, subrayó, a la vez que defendió el "calado consensuado de las medidas" y su "proyección en la creación de empleo".
Por su parte, el diputado del PSPV José Sanmartín acusó al Consell de utilizar el decreto como "excusa" para modificar "de tapadillo" el régimen jurídico y la naturaleza de Vaersa, "una empresa pública cuyo accionista único es la Generalitat", y "colarnos un gol monumental" con reformas urbanísticas que, dijo, "no son sustanciales" y que permitirán al Consell "practicar más y mejor el nepotismo y el trato de favor".
Explicó que, a través de este decreto, Vaersa "absorbe la casi totalidad de las funciones" de la Conselleria de Medio Ambiente, ya que acaparará "todo el poder adjudicador" y, al igual que Ciegsa, tendrá la posibilidad de "adjudicar a troche y moche". Además, se traspasan a esta empresa funciones y competencias "propias de funcionarios públicos y no de personal laboral".
Al respecto, indicó que mientras en la Conselleria la plantilla no llega a 1.000 personas, Vaersa cuenta con 1.800 empleados, en su mayoría personal laboral contratado, a quienes, dijo, se podrá ver tramitando declaraciones de impacto ambiental, autorizaciones ambientales integradas o sanciones, situación que tachó de "tremendamente peligrosa".
Además, "cada vez más competencias escaparán del control fiscalizador de la Intervención General de la Generalitat", lo que supondrá "más opacidad, más discrecionalidad y oscurantismo" en una empresa pública "que controla Cotino" y a la que también se le "centrifuga" la deuda de la Conselleria a pesar de que al cierre del ejercicio 2008 se situaba en uno de los supuestos de disolución debido a sus pérdidas acumuladas.
Marí Olano defendió el "calado" de las medidas introducidas en el decreto, señaló que los socialistas son "auténticos maestros en hipocresía política" y afirmó que Sanmartín no puede hablarle de nepotismo ni de trato de favor cuando un miembro de su grupo y otro "reputado" ex diputado del PSPV están en la nómina de una sociedad pública estatal y le preguntó qué procedimientos se utilizaron para valorar los méritos y la capacidad en esas contrataciones.
El diputado 'popular' añadió que la modificación del régimen jurídico de Vaersa se podía haber hecho por acuerdo del Consell pero se ha publicado en el DOCV, "menudo tapadillo" es eso, espetó, y remarcó que el régimen jurídico de la empresa pública valenciana "es exactamente el mismo" que el de la estatal Tragsa.
Afirmó que la Ley de Contratos del Sector Público permite que las administraciones públicas puedan disponer de sociedades "que puedan ser consideradas medios propios" y apuntó eso también ocurre en las autonomías gobernadas por los socialistas como Galicia, que dispone de cuatro, o Andalucía y Cataluña, con una cada una. Indicó que el decreto estipula que las actuaciones de Vaersa "no podrán suponer en ningún caso el ejercicio de potestades administrativas".
ORANGE MARKET
Sanmartín apuntó que, según la Sindicatura de Comptes, Vaersa es la empresa pública de la Generalitat que más utiliza los contratos menores a pesar de que las cuantías sobrepasan la establecida por la normativa y, al respecto, indicó que el 88 por ciento de los contratos de esta entidad se adjudicaron sin publicidad.
Puso como ejemplo el contrato con Orange Market en noviembre de 2004, cuando el actual portavoz del PP en la Cámara y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, era presidente de Vaersa, por cerca de 200.000 euros por el procedimiento negociado y sin publicidad y del que cobró al mitad a pesar de no ejecutar los trabajos, afirmó Sanmartín.
Esta alusión provocó la intervención del portavoz del PP, quien tachó las afirmaciones del diputado socialista de "falsas" e "infundadas" y apuntó que son "calumnias que no tienen ninguna base real", a lo que el portavoz del PSPV, Ángel Luna, le espetó desde su escaño que Blasco era quien presidía Vaersa. Sanmartín pidió la palabra pero la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, no se la dio y le llamó al orden por dos veces.
La parlamentaria de Compromís Mireia Mollà censuró que la norma supone una "perversión del sistema público" al otorgar a Vaersa más competencias y "disminuye las exigencias y las garantías del medio ambiente y del territorio". El diputado del grupo de No Adscritos, Lluís Torró, indicó que el decreto "insiste y profundiza en el saqueo de lo público" y pretende convertir a Vaersa en una "segunda Ciegsa". Los grupos aprobaron por unanimidad, a propuesta del PP, que el decreto se tramite como proyecto de ley.
