Educación defiende "la plena legalidad " de la renovación de los conciertos educativos: "No tenemos nada que esconder"

   VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

   La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades defiende "la plena legalidad" de la renovación de los conciertos educativos y recalca que el anterior ejecutivo del Botànic "destinó 126 millones de euros" a prórrogas "que ahora critica".

   Así lo ha manifestado el departamento de Campanar después de que Compromís haya anunciado este martes que ha presentado ante el Tribunal de Cuentas una denuncia para que investigue la supuesta "financiación ilegal" de 72,6 millones de euros por parte de la Conselleria de Educación a colegios vinculados al Opus Dei que, según asegura la coalición, "continúan segregando al alumnado por sexo".

   Al respecto, la administración remarca que los expedientes "se tramitaron de acuerdo al marco normativo vigente y, en particular, conforme al Decreto 75/2023 de 19 de mayo, aprobado en la anterior legislatura y que la Conselleria se ha limitado a aplicar".

   "Hemos aplicado la ley tal como nos la dejó el Consell del Botànic. Cada paso del procedimiento es público y está a disposición de cualquier instancia de control. No tenemos nada que esconder porque no hay nada irregular", ha afirmado el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo.

   En este punto, la Generalitat hace notar que la anterior renovación de conciertos --que se hizo en julio de 2021 y fue tramitada por el Consell del Botànic, bajo la responsabilidad del entonces conseller, Vicent Marzà-- "se hizo manteniendo un modelo de admisión segregada por sexo, pese a que la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) era ya de obligado cumplimiento desde enero de 2021".

   "En contraste, --apuntan-- la renovación tramitada por este Consell se realizó con admisión mixta, el requisito que el propio Botànic exigió posteriormente a los centros afectados".

   Además, aseveran que es "un hecho contrastado que el Consell del Botànic destinó 117 millones de euros a los centros que ahora señala, a los que asignó otros 9 millones adicionales derivados de la retirada irregular del concierto de Bachillerato a determinados centros". En total, el Botànic destinó 126 millones de euros a estos centros, cifran.

   El director general de Centros Docentes ha incidido en que "el Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional y su trabajo es necesario en democracia". "Esta Conselleria no solo no se opone, sino que lo respeta y lo apoya sin reservas. Precisamente porque hemos actuado con rigor normativo, no existe ninguna inquietud sobre el examen que el órgano fiscalizador decida realizar", ha apostillado.

   Jorge Cabo ha concluido señalando que "nuestro compromiso es con cada familia, con cada alumno valenciano, garantizando la elección de centros y velando porque ningún alumno o alumna sea discriminado por ninguna razón personal o social".