El equipo de Catalá destaca que el informe sobre un exempleado de València 2007 descarta responsabilidad de sus ediles

   VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, ha destacado este jueves que el informe de la secretaría municipal que cuestiona la contratación de un exempleado del Consorcio Valencia 2007 --a partir de la liquidación de este organismo-- como administrativo en la Fundación Visit València --dependiente del consistorio-- por carecer de la condición de empleado público "confirma la regularidad de los procesos de selección y descarta responsabilidad de cargos municipales".

   Así, desde el ejecutivo local han señalado que ese documento de la secretaría general del Ayuntamiento --conocido este jueves-- y también el criterio de la asesoría jurídica, concluyen que "no existió trato de favor en la contratación" de ese extrabajador de Valencia 2007 y que "tampoco hubo discriminación ni intervención política en los procesos de selección analizados".

   "Dicen los informes que el Ayuntamiento ha actuado con transparencia, conforme a derecho y respetando los derechos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", ha agregado el gobierno de la ciudad en un comunicado, a la vez que ha lamentado "la lectura interesada y parcial que Compromís ha realizado del informe de la secretaría general".

   El ejecutivo que lidera Catalá ha manifestado que el informe de la secretaría municipal, "solicitado por la propia Alcaldía con el objetivo de esclarecer los hechos, avala la legalidad de los procesos de selección examinados, descarta cualquier trato de favor y concluye de forma expresa que no existe responsabilidad de los cargos municipales".

   Asimismo, ha expuesto que "la única cuestión que el informe considera jurídicamente discutible afecta a un solo contrato y depende, en último término, de una resolución judicial que todavía no es firme".

   La secretaria general municipal indica que "en el momento de efectuar la propuesta de contratación" del exempleado de València 2007, este "ya no reunía los requisitos exigidos en la convocatoria" y alude así a la pérdida de la condición de empleado público.

   Igualmente, considera que "tal contratación debe reputarse nula" y pide esperar a la resolución del proceso abierto "ante la jurisdicción social" para adoptar las correspondientes medidas. Y señala que no consta participación de la alcaldesa, de la edil de Turismo, Paula Llobet (PP), y del edil de Grandes Proyectos, José Marí Olano (PP), en el proceso que afecta a ese administrativo.

   El gobierno municipal explica que el informe del secretario municipal "analiza cinco procedimientos en el ámbito del sector público" dependiente del consistorio: "dos en la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y tres en Visit València". "La secretaría concluye que en la FDM no se aprecia trato de favor y que ningún extrabajador del Consorcio València 2007 accedió al organismo: uno de los procesos se desistió a causa de una reorganización que efectivamente se materializó después, y el otro quedó desierto", comenta.

   Asimismo, apuntado que "en Visit --València--, dos de las tres plazas convocadas quedaron igualmente desiertas" y que "a ellas no se presentó personal del Consorcio" València 2007, a la vez que precisa que "la única plaza que llegó a cubrirse fue la de administrativo". "Sobre ese proceso, el informe verifica que se respetaron los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia" y que "se trataba de una plaza existente desde 2001 --no creada a medida-, con temario y baremo objetivos y un tribunal técnico sin componente político", ha agregado el ejecutivo.

"FUE CORRECTO"

   "El procedimiento de selección fue correcto. La objeción que plantea la secretaría es estrictamente técnica y se circunscribe a una cuestión temporal: el aspirante seleccionado fue despedido por el Consorcio mediante un ERE con efectos del 25 de octubre de 2024, mientras que su contrato se formalizó el 21 de noviembre", ha continuado el equipo de Catalá.

   A este respecto, ha agregado que "la secretaría sostiene que, en ese intervalo, el aspirante habría perdido la condición de empleado público que exigían las bases".

   Igualmente, ha resaltado "dos extremos". Uno de ellos, ha detallado, es que "ese despido fue recurrido ante la jurisdicción social y está pendiente de sentencia firme". A este respecto, el gobierno de la ciudad ha comentado que "si el despido se declarara nulo --como reclama una demanda sindical--, sus efectos serían retroactivos y la relación laboral se consideraría no interrumpida, de modo que el aspirante nunca habría perdido su condición y el contrato sería plenamente válido".

   En esta línea, el ejecutivo local ha afirmado que la nulidad es "una hipótesis condicionada a una resolución judicial que aún no existe", a la vez que ha subrayado que por ello "el secretario no ordena anular nada" y "recomienda de forma expresa esperar a la resolución judicial antes de adoptar cualquier medida".

   El equipo de Catalá también remarca que el informe sostiene "que no ha podido acreditarse que el trabajador comunicara su despido a la fundación --Visit València--, por lo que la eventual irregularidad recaería sobre la actuación del propio aspirante y no sobre la institución ni sobre sus responsables".

   Por otro lado, indica que la secretaría general "descarta la existencia de la trama" de la que Compromís habla. "Difícilmente puede hablarse de un engranaje de recolocación cuando el propio informe constata que solo un extrabajador del Consorcio está empleado en todo el sector público municipal y tras un proceso que se considera correcto", ha señalado.

"NO HAY NADA QUE OCULTAR"

   El ejecutivo ha negado también ocultación del informe conocido hoy porque, según ha dicho, "se trasladó a la Fiscalía el 13 de mayo". "No hay, por tanto, nada que ocultar: el Ayuntamiento puso el documento a disposición de quien tiene competencia para examinarlo tan pronto como estuvo disponible", ha afirmado, además de asegurar que "la documentación se facilitó a Compromís".

    "El Ayuntamiento ha sido el primero en pedir que se aclararan los hechos y en dar traslado del informe a la Fiscalía. No tenemos nada que ocultar: los procesos fueron correctos y no hay responsabilidad de ningún cargo. La única cuestión que queda abierta es estrictamente técnica y la decidirá un juez", ha insistido el gobierno municipal.