ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Cierval, Rafael Ferrando, rechazó hoy la utilización del empresariado "como arma arrojadiza entre los partidos políticos", en referencia a la querella presentada por el PSPV-PSOE contra dirigentes del PPCV y algunas empresas, y consideró que este uso "no debe de darse".
Al término de la firma hoy en Alicante de un convenio de colaboración para la realización de un estudio económico sobre el trasvase del Ebro, a preguntas de los medios de comunicación, Ferrando consideró "injusta la utilización de cualquier empresa en planteamientos que no sean estrictamente económicos o empresariales".
"Si políticamente los partidos tienen que demandarse, que lo hagan, pero que no se entre a utilizar unos cauces que no son los que en estos momentos pueden corresponder", señaló.
Además, opinó que en el actual "momento de crisis se está transmitiendo una imagen excesiva de que los empresarios tienen parte de culpa de la crisis y de que no están sabiendo hacer bien las cosas".
"Nosotros entendemos que no tenemos los medios que hay en el contexto de otros países que sí que han podido estar en un crecimiento que nosotros desgraciadamente no estamos en estos momentos", defendió.
"Si no hay una imagen clara y positiva del empresariado, no podemos tratar precisamente de combatir el desempleo, porque vamos a estar en cuestión las empresas, y por eso defendemos claramente la honorabilidad del conjunto del empresariado, porque es la base de un estado democrático", indicó.
Por su parte, el presidente de la patronal alicantina, Rafael Martínez, mostró también su respeto por la justicia aunque pidió "cautela" para no caer en "la utilización indebida de la figura del empresario, que un agente social que es clave en la economía".
"La utilización indebida de la figura del empresario denigrándola, cuesta mucho de recuperar esa imagen que fácilmente se daña", lamentó, al tiempo que defendió "la imagen y de la honorabilidad del empresariado de la Comunitat Valenciana, de la provincia y de toda España".
Martínez aseguró también que "la Ley de Contratos de la Administración Pública, que rige toda la contratación administrativa, tiene los máximos filtros, la legalidad y rigor en los criterios de selección".
Por lo tanto, subrayó que "no se puede hacer un 'totum revolutum' ni querer ligar temas del empresariado, partidos", sino que hay que actuar con "responsabilidad y que la justicia haga su papel".
