La Generalitat Valenciana apoya un reparto mayoritario por población ajustada del 'Fondo Covid'

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha trasladado al Ministerio de Hacienda la propuesta de la Generalitat para proceder al reparto de los fondos extraordinarios para las comunidades autónomas para el año 2021, el conocido como 'Fondo Covid', dotado con 13.486 millones de euros.

Para el Gobierno valenciano, un reparto mayoritario "por población ajustada, pese a ser mejorable, representa una mejor aproximación a las necesidades de gasto de los territorios".

De hecho, el informe de la comisión de personas expertas para la reforma del sistema de financiación autonómica de 2017 ya señalaba que "sería aconsejable introducir algunas variables nuevas a la fórmula de población ajustada, para que se aproxime más a las necesidades de gasto", así como eliminar algunas variables geográficas que no tienen el suficiente fundamento técnico, ha recordado Soler.

En su opinión, "es el momento de redefinir cuáles son los criterios de ajuste de la población y sentar las bases de un nuevo criterio para la reforma del modelo de financiación".

La Conselleria de Hacienda rechaza así los dos criterios planteados por el Ministerio (PIB relativo de cada comunidad autónoma o peso relativo de cada autonomía en la población ajustada). Para Soler, "el nivel de actividad económica de una región no refleja ni sus necesidades de gasto ni sus necesidades financieras para la recuperación".

Es más, advierte, "la elección del criterio PIB supondría reforzar aún más la divergencia regional que actualmente existe" y tendría "efectos negativos en el proceso de convergencia regional entre territorios ricos y pobres, favoreciendo una España que evolucione a diferentes velocidades".

Soler ha recordado que en los últimos datos del INE para las comunidades de régimen común, se aprecia que las regiones más ricas tienen una renta per cápita un 64% superior a las más pobres, una distancia que se agrandaría aún más si se optase por el criterio del PIB.

En todo caso, la misiva al Ministerio remarca que el planteamiento de la Generalitat es "no unificar el reparto de la totalidad del Fondo COVID 2021 en base a un único criterio".

PLANTEA UN REPARTO EN TRES TRAMOS

El Gobierno valenciano propone dividir los 13.486 millones de euros en tres tramos que sirvan para cubrir los gastos derivados del mayor impacto sociosanitario de la COVID hasta abril de 2021; para reforzar el Estado del Bienestar y para garantizar que todas las CCAA tengan la misma capacidad financiera de afrontar la reconstrucción y recuperación post-COVID en igualdad de condiciones.

En concreto, el informe remitido por la Conselleria de Hacienda al Ministerio incluye como primer tramo el reparto de 3.486 millones de euros (un 25% de los 13.486 millones) en base a criterios de impacto sociosanitario en los distintos territorios desde el 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2021. Plantea que este reparto se haga considerando los casos acumulados (20%), los ingresos hospitalarios COVID (40%) y los ingresos UCI (40%).

"En el fondo COVID 2020 más de la mitad de los recursos (9.000 de los 16.000 millones) se distribuyeron en función del mayor impacto de la pandemia, utilizando estos mismos criterios, y es entendible que ahora también se considere el esfuerzo sociosanitario de las autonomías más afectadas por la tercera ola", ha apuntado Soler.

"Sólo en los primeros cuatro meses de 2021 ya se han registrado casi la mitad del total de ingresos hospitalarios e ingresos UCI que en 2020", ha señalado Soler, quien ha recordado que se han seguido realizando gastos en refuerzo de personal, material de protección y gasto hospitalario, así como de detección y seguimiento de los casos positivos.

El segundo tramo, que representaría el grueso del Fondo Extraordinario, estaría dotado con 7.000 millones de euros e iría destinado a reforzar el Estado del Bienestar en el conjunto del territorio.

"Las autonomías ejecutamos el 92% del gasto sanitario, el 91% del gasto en educación y más de la mitad del gasto en protección social", ha justificado el conseller de Hacienda tras recordar que "la llegada de la crisis financiera en 2008 provocó fuertes recortes en los servicios públicos que hoy en día todavía no se han recuperado y el gasto en relación con el PIB de las administraciones regionales es todavía muy inferior al de diez años".

"Los efectos de este deterioro del gasto especialmente en educación y sanidad se han puesto de manifiesto durante la actual pandemia", ha reiterado.

Según Soler, la incorporación de estos 7.000 millones permitiría converger hacia los niveles de gasto en servicios públicos fundamentales previos a la etapa de los recortes, así como acercar España a los niveles de gasto social asociado a su nivel de renta per cápita en el patrón europeo.

El criterio de reparto propuesto para este segundo tramo mayoritario es el de la población de cada territorio o, en todo caso, el de población ajustada "a pesar de que insistimos en que es un indicador mejorable y cuestionable tal y como se encuentra actualmente definido", ha reiterado.

Finalmente, el tercer tramo propuesto por la Generalitat estaría destinado a la "igualación de las capacidades financieras de los territorios para la recuperación". "El Gobierno de España ha declarado el ejercicio 2021 como el punto de arranque para la recuperación y en este proceso las comunidades autónomas van a desempeñar un papel relevante, pero nuestras condiciones financieras no son en ningún caso similares".

De hecho, Soler ha citado el último informe de Fedea que reconoce la necesidad de introducir "con urgencia" cambios en el Sistema de Financiación para reducir las desigualdades existentes entre comunidades en términos de financiación por habitante ajustado.

El objetivo de este tercer tramo, dotado con otros 3.000 millones de euros, es "corregir las diferencias de recursos financieros por habitante ajustado".

Un primer reparto complementaría la financiación (entregas a cuenta 2021 más las liquidaciones de 2019 en términos normativos) de las comunidades autónomas peor tratadas hasta lograr convergerlas con la media. El sobrante se aplicaría entre todas las comunidades con la excepción de la mejor financiada y serviría para eliminar una fracción igual para todas las comunidades autónomas del diferencial de financiación por habitante por habitante ajustado que exista entre cada comunidad y la mejor financiada tras la aplicación del primer reparto.