Un grupo de expertos en materia penal prepara una propuesta legal para corregir los defectos de la Lecrim

ALICANTE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de médicos forenses, jueces, fiscales, agentes de Policía y Guardia Civil, así como profesores y procuradores de la provincia de Alicante trabaja en la elaboración de una propuesta legal para corregir los defectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), en materias como las pruebas de AND, las entradas y registros, así como la intervención de teléfonos.

El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, acompañado por los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y el presidente del Consejo Territorial de CAM, Armando Sala, explicó que esta iniciativa se enmarca en el contexto del II Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología de Alicante, que se celebrará en el Aula CAM de Alicante los días 13 y 14 de octubre.

Vicente Magro resaltó la importancia de este encuentro, que tendrá como finalidad la presentación de un texto articulado sobre "cómo debería quedar la regulación en la Lecrim, que data de 1882, en temas tales como la obtención de las pruebas de ADN, las entradas y registros, la intervención de teléfonos y correos electrónicos y el uso de videoconferencia para la citación de agentes en las vistas orales.

Para ello, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Policías Locales de la provincia ya han establecido una línea de colaboración, por la cual trasladan al grupo de ponentes expertos las 'lagunas' que detectan en la práctica de las investigaciones.

Las materias quedarán recogidas en el citado congreso en una ponencia sobre 'La medida de intervención de las comunicaciones. Propuesta legal de redacción de la medida Art. 579 Lecrim'; otra ponencia sobre 'La media de entrada y registro. La comparecencia de las fuerzas y seguridad del Estado en el juicio', y una tercera ponencia sobre 'Las intervenciones e inspecciones corporales y la recogida de ADN'.

De este modo, tomando por base la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, los ponentes trabajan ya en la elaboración de propuestas para regular cada diligencia policial de prueba.

Este trabajo detallará así los criterios que deben observarse a la hora de resolver los problemas que se presentan en la práctica diaria en las labores de investigación criminal de los agentes de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Magro se mostró convencido hoy de que este II Congreso Nacional permitirá "ofrecer luz sobre la abundante casuística que existe en las medidas de limitación de los derechos fundamentales de las personas que son objeto de investigación".

Además, destacó que todo este trabajo también evitará que una intervención o tramitación defectuosa conlleve la nulidad de la obtención de pruebas, "haciendo más eficaz la intervención policial en la lucha contra la delincuencia".

El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante adelantó que, una vez redactado y presentado en el Congreso, este texto será enviado al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a los grupos parlamentarios, para que estudien aprobarlo como proyecto de Ley.

Entre los ponentes se encuentran los catedráticos de Derecho procesal, José María Asencio Mellado y Vicente Gimeno Sendra; el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos López Coig, y el magistrado de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Alicante, Julio José Úbeda de los Cobos; el magistrado-juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón; y los magistrados José de Madaria y Ruvira, Alberto Facorro Alonso y Antonio Gil Martínez.

Entre los 520 participantes invitados al II Congreso Nacional estarán presentes jueces; fiscales; secretarios judiciales; médicos forenses; Policía Nacional; Guardia Civil y Policía Local; catedráticos y profesores de derecho penal y procesal; los estudiantes de Derecho de las Universidades de Alicante, Miguel Hernández y Cardenal Herrera, así como de Criminología.

CITACIONES JUDICIALES

El comisario provincial de Alicante, Enrique Durán, y el coronel de la Guardia Civil en Alicante, Antonio Castro, coincidieron hoy en subrayar el valor de esta iniciativa en el trabajo diario de las fuerzas de seguridad.

"Todos tenemos los mismos problemas", indicó Castro, quien remarcó que es especialmente necesario introducir cambios en la asistencia de los agentes a los juicios, y atender estas citaciones por videoconfencia.

En este sentido, explicó que la Comandancia de Alicante destina unas 2.000 horas mensuales a la asistencia de juicios, y consideró que la sociedad "no se puede permitir que esa cantidad de horas sean detraídas de los servicios de seguridad a los ciudadanos".

Por su parte, el comisario Enrique Durán recordó hoy que la Comisaría Provincial de Alicante recibió en 2008 un total de 3.000 citaciones judiciales, a las que "como mínimo van 2 agentes, pero en ocasiones van entre 10 y 15 funcionarios, lo que eleva a un mínimo de entre 6.000 y 10.000 asistencias judiciales de agentes".