VALENCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Inspección de Trabajo ha detectado más de 8.400 contratos irregulares en la sanidad pública que afectan a más de 2.500 trabajadores de toda la Comunitat, a raíz de la denuncia del Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP).
Así lo ha explicado en un comunicado el sindicato, que ha recordado que en marzo de 2013 denunció ante la Inspección de Trabajo la existencia de contrataciones irregulares que afectaban a personal temporal del Departamento de Salud Valencia-Doctor Peset.
Médicos de Atención Primaria, profesionales de enfermería, auxiliares, administrativos y celadores "eran contratados de lunes a viernes y despedidos el fin de semana, para ser de nuevo contratados el lunes".
Tras la denuncia del SIMAP, la Inspección detectó más de medio millar de contratos irregulares de trabajadores "que no cotizaban los fines de semana, los festivos y en algunos casos incluso cuando estaban enfermos". Este hecho provocó el cese del gerente del Departamento, en noviembre de 2014.
Ante la sospecha de que estas prácticas fueran generalizadas, con la constatación de casos concretos, el SIMAP hizo extensiva la denuncia a todos los departamentos de salud de gestión directa ante las distintas Inspecciones Provinciales de Trabajo.
Al finalizar la actuación inspectora, que repasó cientos de miles de movimientos de personal eventual, se detectó la existencia de 7.942 contratos irregulares que han afectado a 2.439 trabajadores en los últimos cuatro años, superando el millar de contratos en cada uno de los departamentos de Valencia-Clínico, Hospital General y Valencia-Arnau-Lliria.
Desde un punto de vista económico, el total de cotizaciones supera los 500.000 euros y si se tienen en consideración las retribuciones defraudadas "casi alcanzan los dos millones".
Las actas de liquidación han revelado "lagunas" en cuanto al alta y la cotización a la Tesorería General de la Seguridad Social en múltiples contratos de escasa duración, sin que exista justificación para las bajas intermedias.
"Además de los contratos de lunes a viernes, también se comprobó la presencia de contratos inferiores a cinco días, incluso de días sueltos, pero concatenados y sucesivos en el tiempo. Y, por último, contratos aislados de cinco o seis días, sin cotización del descanso semanal legalmente generado", ha agregado el sindicato.
En las actas nuevas "hay casos idénticos al Peset, en los que se fracciona un mismo contrato, pero existen otros, en los que se asignan diferentes contratos de la Conselleria de Sanidad a un mismo trabajador y se encubre, de esta forma, la continuidad en el tiempo del mismo".
Según ha recalcado el sindicato, "estos hechos suponen que la Conselleria de Sanidad fraccionó los contratos en cinco días o días sueltos, dando de baja al trabajador los festivos y fines de semana. De esta manera, durante periodos que pueden extenderse a lo largo de meses e incluso años, el profesional contratado no cotizaba ni recibía la retribución que marca la ley en los festivos ni los fines de semana".
En definitiva, "la Inspección de Trabajo, gracias a un trabajo exhaustivo, profesional y riguroso, ha confirmado la existencia de trabajadores jornaleros, sin descansos retribuidos (fines de semana, ni vacaciones)", contratos con los cuales "se han ido cubriendo necesidades asistenciales estructurales que no se han dimensionado de forma adecuada en los últimos años".
El sindicato se ha mostrado sorprendido ante la decisión de Sanidad de presentar alegaciones a las actas emitidas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en la que niegan la mayor y "consideran opiniones subjetivas los informes de los inspectores y han justificado su forma de proceder parapetados en el número ingente de nombramientos y en las dificultades en la agilidad de la contratación".
"Incluso en su escrito, la Conselleria de Sanidad ha llegado a afirmar que estos profesionales no tenían el derecho a descanso retribuido", ha indicado SIMAP, que ha destacado que todas las alegaciones han sido rechazadas "con argumentos demoledores por la Inspección de Trabajo y las sucesivas actas confirmadas y elevadas a definitivas por la Tesorería General de la Seguridad Social".
A pesar de ello, los responsables sanitarios han decidido iniciar un procedimiento judicial contencioso-administrativo contra la resolución de la Tesorería, "pasando por encima de los derechos de los trabajadores, del compromiso de eliminar el trabajo precario y de evitar la temporalidad injustificada, manteniendo la actitud de no crear puestos de trabajo que cumplan los requisitos legales en relación a las cotizaciones de la Seguridad Social y a descansos y festivos retribuidos".
"Con el recurso evita, de facto, suprimir una plantilla flotante y fraudulenta", lamenta el sindicato, que considera que la postura de los responsables de la Conselleria de Sanidad, "utilizando este tipo de contrataciones temporales en fraude de ley, perpetúa unas condiciones laborales injustas para muchos trabajadores de la Sanidad Pública de la Comunidad Valenciana".
