VALENCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar una agujero económico en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha ampliado el embargo contra Cristina Segarra, mujer del exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, para cubrir la fianza impuesta que asciende a 400.000 euros.
Así consta en un decreto con fecha de este mismo jueves, contra el que cabe recurso. En este escrito, el magistrado recuerda que el 18 de junio de 2012, se ordenó el embargo preventivo de la vivienda propiedad de Segarra con un valor de 391.410,66 euros, por presuntamente participar por título lucrativo de los efectos de los delitos investigados. No obstante, no se tuvieron en cuenta cargas, derechos y limitaciones de dominio.
Así, se ha apreciado "insuficiencia" del bien embargado, por el que el magistrado ha acordado ampliar el embargo sobre más bienes de Segarra. En concreto, sobre los saldos de varias cuentas bancarias; un vehículo; cuatro valores representados mediante anotaciones en cuenta; y un Plan Individual de Ahorro.
En esta misma línea, el magistrado se pronuncia en otro decreto pero respecto a Eva María Marsal, administradora única de Management de Azafatas y Servicios, S.L. (Grupo Mas). En este caso, el 8 de marzo del mismo ejercicio se ordenó el embargo preventivo de una vivienda suya con un valor de 156.263,14 euros.
Sin embargo, el magistrado ha ordenado ampliar el embargo a varios saldos de cuentas bancarias al considerar que este bien no cubre la fianza impuesta, que asciende a 100.000 euros, ya que para el mismo no se tuvieron en cuenta cargas, derechos y limitaciones de dominio.
SOBRE JORGE ROCA
Por otro lado, el juez dicta otra providencia relativa al empresario Jorge Ignacio Roca, actualmente fugado y en paradero desconocido. En la misma, ordena crear dos piezas separadas con documentación remitida fundamentalmente de Malta --sobre cuentas de Walnut Grove Limited, abiertas por Roca; contratos; facturas; y actuaciones del Departamento de IVA del Ministerio de Finanza, Economía e Inversiones de Malta y otros documentos de la sociedad--.
Como estos documentos vienen mayoritariamente redactados en inglés, el magistrado ordena su traducción al español a través del Servicio de Traducciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).