VALENCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
Miles de personas se concentraron hoy en Valencia, Castellón y Alicante frente a la sede de la Delegación de Gobierno y de las dos subdelegaciones provinciales para protestar contra los recortes de salarios y de prestaciones sociales anunciadas por el Gobierno central.
Esta protesta, convocada por las principales organizaciones sindicales, será la primera de una serie de acciones que culminarán en una huelga del sector público el próximo 8 de junio. La movilización reunió en Valencia a unas 5.000 personas; 2.500 en Alicante y en Castellón a 2.000 personas, según la organización.
En el caso de Valencia, los manifestantes, que enarbolaban banderas de sus respectivas organizaciones y portaban pitos y megáfonos, cortaron el tráfico de la calle Colón a la altura de la plaza Pinazo y avanzaron de forma imprevista hacia Ruzafa. La pancarta principal encabezó la marcha con un lema que rezaba: 'Contra los recortes salariales. Qué también paguen la crisis quienes la han provocado'.
Además, otras pancartas secundaban la marcha: 'No a los recortes, salarios, pensiones y derechos sociales. Más respeto', 'No a la congelación de las pensiones', 'Por el empleo. Contra la Política económica y social del Gobierno. No al pensionazo', se podía leer en alguna de ellas.
Durante el trayecto, la secretaria de la Mujer de la Federación de Servicios Públicos de la UGT-PV, Maite Montaner, declaró que "no ha habido un reparto equitativo de la carga de la crisis". Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO PV, Arturo León, consideró que las medidas adoptadas por el Ejecutivo "no son la salida adecuada a la crisis" y el presidente de CSI·F, Daniel Matoses, denunció "la mayor agresión que los servicios públicos, el Estado de Bienestar y los empleados públicos han sufrido en este país".
Al llegar a la altura de la calle Ruzafa, los manifestantes volvieron hacia la plaza Pinazo donde un profesor de Secundaria afiliado a CCOO PV leyó un manifiesto conjunto, en el que los sindicatos lamentan la propuesta del Gobierno de reducir los salarios en el sector público, la congelación de las pensiones, el empeoramiento en la aplicación de la Ley de Dependencia y la rebaja de las políticas sociales, porque puede crear "un conflicto social".
De esta forma, continua el documento, "no se produce una salida de la crisis, ni se hace recaer los esfuerzos en quienes la originaron", sino que "los trabajadores pagan los platos rotos".
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
"La negociación colectiva es un derecho fundamental que está en la Constitución Española. Con estas medidas, el Gobierno quiebra este derecho constitucional poniendo en cuestión de manera grave la validez y eficacia de los procesos de negociación colectiva en el ámbito de los empleados públicos, tratando de enterar con ello el avance que, en esta materia, supuso la aprobación del EBEP", explica.
Asimismo, el manifiesto considera que "la reducción de los salarios no sólo afecta al personal funcionario, sino a todos los empleados públicos", a la vez que rechaza "el descrédito sobre lo público y el personal funcionario vertida por los medios de comunicación". Y denuncia que "cuestionando el sector público se está abriendo la puerta a la externalización y privatización".
"El Gobierno renuncia a actuar sobre los ingresos y sólo pretende hacerlo sobre los gastos", destaca el manifiesto, que pide que se adopten medidas "para que las grandes fortunas y empresas también contribuyan en la reducción del déficit público".
Además, considera que tampoco se han adoptado medidas decididas relativas a la persecución del fraude fiscal o el afloramiento de la economía sumergida, "que también está privando de importantes ingresos al Estado".
