VALENCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, aseguró hoy que la reunión anunciada ayer por el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, entre el Gobierno central y la Generalitat para tratar de alcanzar un acuerdo que permita la retirada de los recursos de inconstitucionalidad es "un trámite legal, ordinario", pero matizó que "acredita la voluntad del Gobierno de España de intentar encontrar soluciones a esos temas", que necesariamente, advirtió, tienen que enmarcarse, "en el ámbito de respeto a la legalidad".
Peralta se manifestó en estos términos preguntado en relación a anuncio realizado ayer por Chaves, respecto a que el próximo mes de mayo mantendrá una reunión con la Generalitat valenciana para tratar de alcanzar un acuerdo que permita la retirada de los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Ejecutivo central en torno al barrio de El Cabanyal de Valencia, el 'parany', la Ley de Costas y el régimen económico matrimonial.
Así, el vicepresidente reveló que la convocatoria de una reunión con el Gobierno valenciano "para tratar de afrontar estos temas y utilizar la vía del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Constitucional".
En este sentido, el delegado manifestó que "la ley del Tribunal Constitucional establece la facultad de la administración central o de las Comunidades Autónomas de impugnar normas de las otras administraciones si entienden que se ha producido una invasión de sus competencias contraria al ordenamiento constitucional y legal".
Con carácter general, prosiguió, "esa ley fija un plazo de tres meses para la interposición de recursos; sin embargo, la propia ley del Tribunal Constitucional admite la posibilidad de que ese plazo se amplíe en el supuesto de que se lleven a cabo actuaciones entre las dos administraciones implicadas de cara a intentar alcanzar un acuerdo que evitara finalmente la solución judicial".
A esta circunstancia, explicó, "es a la que hacía referencia ayer el vicepresidente tercero" por tanto, insistió, "se trata de una previsión legal, que se reúna la comisión mixta de cooperación" y que este órgano "pueda abordar la problemática suscitada en torno a un proyecto legislativo" o dos, en el caso de El Cabanyal --el decreto ley y la posterior ley--.
Por ello, manifestó que "es un trámite legal, ordinario", pero que "acredita la voluntad del Gobierno de España de intentar encontrar soluciones a esos temas".
RESPETO A LA LEGALIDAD
Paralelamente, recordó que el propio Chaves "dejó claro que esas soluciones tienen que moverse, necesariamente, en el ámbito de respeto a la legalidad" y en este sentido, el vicepresidente recordó que "este trámite ya se utilizó en relación con la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano y como consecuencia de las conversaciones mantenidas entre la administración central y la Generalitat" el Consell "modificó la ley inicial".
Peralta subrayó que "nosotros recurrimos a ese procedimiento con la confianza de que efectivamente se respete la legalidad y estamos dispuestos a colaborar plenamente a que sea así y, por supuesto, a colaborar a que se lleve a cabo la rehabilitación del barrio de El Cabanyal".
A su juicio, la exigencia a la administración autonómica pasa por que "admita y entienda que la declaración de expolio en el barrio de El Cabanyal por el PEPRI es competencia exclusiva del Estado, que la ha ejecutado en el marco de sus competencias y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo y que, partiendo de las consecuencias lógicas que impone esa actuación, es factible encontrar un marco en el que se lleve a cabo una rehabilitación consensuada y armónica con el respeto a los valores culturales del barrio por parte de ambas administraciones".
INVERSIONES
Por otro lado, en relación a las inversiones del Gobierno Central en El Cabanyal, manifestó que "nadie puede poner en cuestión" el compromiso del Gobierno de España con el barrio y sus valores culturales. "Se podrá cuestionar --deslizó-- la voluntad de otras administraciones, pero sin lugar a dudas, creo que todo el mundo es consciente de que quien ha actuado con firmeza, con determinación, en el marco de sus competencias, ha sido el Gobierno de España".
También recordó que el Gobierno Central financió 160 proyectos por valor de 140 millones de euros para la ciudad de Valencia en 2009 y que en 2010, la cifra alcanza los 80 millones de euros. "El destino concreto de esos proyectos, los decide el ayuntamiento de Valencia", dijo, quien "tendrá que dar cuenta" sobre el dinero que de ese montante ha destinado al barrio de El Cabanyal y a su rehabilitación.