Plataformas de Dependencia alegan contra la nueva ley de Bienestar Social por plantear "inseguridad jurídica"

EUROPA PRESS

VALENCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de la Discapacidad y Dependencia y Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia han presentado ante la Conselleria de Bienestar Social alegaciones al proyecto de modificación de la orden del Consell por la que el Gobierno valenciano convertirá el copago de servicios sociales de personas mayores y discapacitados sin dependencia en una tasa dirigida a todos los ciudadanos beneficiarios de residencias y centros públicos financiados por la Generalitat, incluidos los dependientes, al considerar que se crea "una situación de inseguridad jurídica con riesgo de desigualdad" respecto del resto de ciudadanos españoles para quienes no existe esa participación.

El Consell adoptó la decisión tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que en octubre anuló el decreto del Gobierno autonómico que fijaba los precios públicos del copago de servicios sociales para mayores y discapacitados no dependientes.

Al respecto, la portavoz de las dos plataformas en defensa de la Ley de Dependencia, Palmira Castellano, ha criticado que la Generalitat vaya a presentar al Supremo un recurso de casación contra la sentencia del TSJCV "y encima de recurrir, pretenda poner unas tasas para que siga recayendo parte del peso de los recortes en un sector tan débil como el de la dependencia y la discapacidad", ha apuntado antes de presentar las alegaciones en el Registro General de la Generalitat.

La orden que regula los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias introduce unas "mínimas pero trascendentes variaciones" en la manera en que es los valencianos usuarios del sistema deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y es además "ilegal", según Castellano.

Según ha explicado, toma como referencia las medidas acordadas en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se celebró el pasado mes de julio y al que asistieron representantes de las comunidades autónomas.

"Las comunidades no se han basado en las disposiciones nacionales --de la Ley de Dependencia--", sino en las resoluciones adoptadas "por un Comité Interterritorial" en julio de 2012, ha incidido Palmira Castellano, quien ha explicado que "esas normas son ilegales porque no están hechas por un organismo superior, sino por uno inferior al de la propia ley". de ahí que sostienen que hasta que no se desarrolle reglamentariamente, las comunidades carecen de competencia para regular por sí mismas aspectos relativos al sistema.

Palmira Castellano ha asegurado que ambas plataformas están "en contra de seguir pagando para tener a nuestros mayores en las residencias", y ha apuntado que la orden del Consell "discrimina un poco" a los menores con discapacidad, pues prima los recursos de los servicios sociales por encima de la figura del cuidador a domicilio. "Pensamos que es mejor que estén en casa y que la figura del cuidador no la desprestigien ni la devalúen", ha insistido Castellano.

FALTA DE NOTIFICACIÓN

Las modificaciones de la norma planteadas por el Consell entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2015, según anunció la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana. Las plataformas también denuncia que el borrador de modificación de la orden únicamente ha sido notificado a "determinados grupos u organizaciones representativos de la sociedad y no a otras asociaciones, organizaciones o plataformas implicados en el ámbito social de la dependencia".

Al respecto, según han indicado en un comunicado, expresan su 2repulsa" a la "nefasta gestión" de la Conselleria "actuando en connivencia y complicidad con el resto del Consell del PP en la Comunidad Valenciana, demostrando actuar a espaldas de los ciudadanos aplicando medidas de recortes, repagos-copagos y limitaciones de derechos de las personas en situación de discapacidad".