El pleno de la Diputación de Alicante aprueba colaborar con la Generalitat para impulsar infraestructuras de aguas

   ALICANTE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El pleno ordinario de junio de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles por unanimidad el acuerdo de colaboración entre la institución provincial y la Generalitat para la financiación y ejecución de infraestructuras y actuaciones en los sistemas de saneamiento y de tratamiento, depuración y reutilización de aguas residuales en la provincia.

   Este convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años y en el que también participa la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar), contempla un presupuesto de 15,5 millones de euros con el que se prevé ejecutar un total de 27 actuaciones por distintos municipios alicantinos.

   En concreto, la Generalitat aportará entre las anualidades 2025 y 2028 un total de 14,2 millones de euros, mientras que la Diputación 1,3 millones, según ha explicado la institución provincial en un comunicado.

   El acuerdo establece que se beneficiarán "los sistemas de saneamiento y depuración de hasta 10.000 habitantes, aunque, en caso de urgencia o necesidad, si así lo acuerdan las partes, se podrá actuar en otros de mayor población".

   Los proyectos aprobados inicialmente incluyen la reforma integral de estaciones depuradoras como la de Sanet y els Negrals, la Vall de Laguar, Gorga, Orba, Tibi o Gata de Gorgos, y la mejora de otras como la de Benijófar, Murla, Beniglembla, Planes, Finestrat o La Romana, entre otras, o la ejecución de nuevas estaciones depuradoras como las del barrio de La Estación y Las Virtudes en Villena.

   A la Diputación de Alicante le corresponderá la redacción de los proyectos y la dirección facultativa, entre otras actuaciones, así como la financiación del diez por ciento de las obras en instalaciones de titularidad local. Una comisión de seguimiento evaluará la programación existente.

TAJO-SEJURA

   En materia de agua, el pleno también ha aprobado la moción presentada por el PP para reivindicar el mantenimiento de las actuales reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

   El texto, que ha contado con el apoyo de Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Compromís, señala que estos cambios propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) "reducirán los caudales trasvasables hasta un 40% de cara a 2027".

   Según la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, "demuestran la hostilidad del Gobierno de España hacia la provincia de Alicante, poniendo en peligro nuestra agricultura, el crecimiento económico de la zona y el empleo de muchas familias".

   Sin embargo, desde el PSPV, el diputado Joaquín Hernández ha defendido "la política hídrica del Gobierno central" porque "con Sánchez ha habido más agua para la provincia de Alicante que con Mariano Rajoy", al tiempo que ha acusado a los 'populares' de "volver a abrir la guerra del agua".

   Por su parte, Compromís ha acusado al PP de "hipocresía" en materia hídrica "al defender en España posiciones distintas a las defendidas por su partido en el Parlamento Europeo", mientras que Vox ha criticado "los efectos de la Agenda 2030 sobre la agricultura y ha reclamado la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional".

CONTRATOS-PROGRAMA

   Durante la sesión plenaria de junio, la corporación provincial también ha dado el visto bueno a los contratos-programa de la Diputación de Alicante con distintas mancomunidades --las de la Marina Baixa, del Alto Vinalopó, de la Bonaigua, de la Vega y la de Pego, l'Atzúbia y les Valls-- y el Ayuntamiento de Bigastro "para la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales".

   La institución provincial aportará más de 3,3 millones de euros a estos contratos-programa para financiar servicios como 'Menjar a casa', ayuda a domicilio, ayudas económicas individuales o el pago a trabajadores sociales, psicólogos y otro personal administrativo.

OTRAS MOCIONES

   En el apartado de mociones, ya fuera del orden del día, se han abordado distintas propuestas de los grupos políticos, entre ellas una defendida por el grupo socialista para la creación de ayudas destinadas a municipios de mil habitantes para la apertura de piscinas municipales y para la atención del incremento estacional de población en municipios en riesgo de despoblación.

   La propuesta ha sido rechazada por el PP, que ha alegado que "ya se está trabajando en la puesta en marcha de una primera fase del Plan +Cerca con 6,1 millones de euros derivados del plan económico-financiero de la Diputación", que también se ha aprobado este miércoles en el pleno, "y ajustada en todo momento a la tramitación que marca la normativa".

   En este punto, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha vuelto a lamentar que el Gobierno central "no permita a los ayuntamientos hacer uso de sus ahorros para prestar servicios a sus vecinos", por lo que ha reclamado "que se levanten las reglas fiscales y se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE)" para que a la institución provincial "le lleguen los 50 millones de euros que le corresponderían por la participación en los tributos del Estado".

   Por otra parte, desde Compromís se ha elevado una moción para el reconocimiento y protección de los derechos de las personas trans de la Comunitat Valenciana, que ha contado con el respaldo del PSPV y los votos en contra de PP y Vox, que la han rechazado.

   La formación valencianista rechaza en su texto la modificación de la Ley 8/2017 de la Generalitat que reconoce el derecho a la identidad y a la libertad de expresión de género y exige al Consell "que se recupere la prohibición de la práctica de todas las terapias de conversión", entre otras cuestiones.

   Sin embargo, Vox ha defendido el cambio normativo y el PP ha puesto en valor "el papel de los padres en la educación y en la vida de sus hijos". "Con esta ley se pretende adaptarla y equiparar la ley valenciana a la nueva Ley Trans de 2023, en la que se dice que se acompañará la infancia trans con un servicio de acompañamiento", ha explicado la diputada de Bienestar Social e Igualdad, Loreto Serrano.

   Otra de las mociones ha sido la defendida también por el grupo socialista para "impulsar" la creación de una Feria de Turismo Provincial "como oportunidad para transformar el turismo de esta provincia, con un estudio previo de la realidad turística, permitiendo conectar al sector y a los municipios, fomentado la innovación y el crecimiento".

   Desde el equipo de gobierno, el diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha defendido la labor realizada por el Patronato de Turismo en Fitur y las acciones de promoción para dar a conocer la oferta turística de los municipios.

   Por ello, ha rechazado la creación de una feria generalista de turismo provincial "por ineficaz e ineficiente, al ofrecerse a turistas que ya están en nuestro destino". En este sentido, ha abogado por "ir, como ya hace el patronato, a los lugares de origen de los turistas para difundir allí la Costa Blanca como estrategia para captar más visitantes", y ha defendido que Alicante Gastronómica, que impulsa la propia Diputación, "ya está consolidada como una oferta turística provincial".

   Por su parte, Vox ha defendido una moción, que ha rechazado el resto de grupos políticos, sobre "la convivencia, la limpieza y la seguridad" en los municipios de la provincia. Para ello, reclama "que se prohíban las distribuciones de alimentos en la vía pública, que se refuercen los efectivos de la Policía Local o revisar las subvenciones a ONG que promuevan la inmigración ilegal, la ocupación o los asentamientos ilegales".

   Finalmente, todos los grupos políticos, salvo Vox, han defendido una moción conjunta con motivo del año internacional de las cooperativas y han mostrado su apoyo a estas entidades "por ser pilar del desarrollo económico y social en la provincia de Alicante". Vox ha justificado su rechazo en que la propuesta se sostiene en "motivos ideológicos".