El PPCV lamenta que los socialistas "aprueben un sistema de escuchas que roza la ilegalidad"

Actualizado: domingo, 8 noviembre 2009 19:27

VALENCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Marta Torrado, lamentó hoy que los socialistas "aprueben un sistema de escuchas como es sitel que está en el borde de la legalidad" y exigió que "esté bajo supervisión de los jueces y no del ministro Rubalcaba".

Torrado, que se pronunció en estos términos en un comunicado en relación a las declaraciones de dirigentes socialistas, aseveró que "este sistema puede ser muy peligroso y puede volverse en contra del objetivo que se persigue, vulnerando la intimidad de los ciudadanos, pues los jueces pueden recibir grabaciones manipuladas porque los discos carecen de una firma electrónica y legal".

Así, la dirigente popular indicó que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "no ha dicho toda la verdad a los ciudadanos, pues cuando los populares estuvimos al frente del Ejecutivo central prescindimos de esta herramienta tecnológica porque estaba en duda su constitucionalidad" y añadió que "el PP lo encargó con el único objetivo de luchar contra el terrorismo pero nunca lo utilizó por responsabilidad".

De la misma manera, Torrado se preguntó "cuáles son los intereses del Gobierno de Zapatero para dar cobertura al sistema Sitel cuando saben que presenta demasiadas dudas en cuanto a su legalidad" y añadió que este sistema "localiza a terceras personas que no están involucradas en la escucha y sus archivos no se destruyen, lo que pone en entredicho la protección de la ciudadanía".

Por último, la vicesecretaria de Comunicación de los populares valencianos instó a los socialistas a "reflexionar sobre este asunto por responsabilidad política, ya que Sitel no está correctamente regulado en la Ley de Conservación de datos, debe ser regulado por Ley Orgánica" y recordó que el grupo parlamentario popular en el Congreso va a presentar una proposición no de ley "para regular el acceso de la autoridad judicial al secreto de las comunicaciones y para que proteja el derecho a la intimidad de los ciudadanos".