Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo
ALICANTE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSPV del Ayuntamiento de Alicante ha insistido en que falta documentación relativa a viviendas de protección pública (VPP) en el seno de la comisión municipal constituida tras el "escándalo" de los pisos del residencial Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. Por su parte, el equipo de gobierno local, del PP, ha vuelto a negar esa acusación y ha defendido su gestión.
La polémica sobre estos inmuebles ha vuelto a centrar parte de los reproches de la oposición al ejecutivo del alcalde 'popular' Luis Barcala durante el pleno del consistorio, que ha celebrado este jueves la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril.
La portavoz municipal del PSPV, Ana Barceló, ha defendido el "derecho" de la oposición a disponer de información solicitada en la comisión de VPP y ha reclamado que comparezca Barcala, quien, a juicio de la edil socialista, no puede "ofrecer transparencia" y luego "eludir explicaciones refugiándose en un informe que ha elaborado 'ad hoc' el vicesecretario".
Barceló se ha referido, así, al informe en el que el secretario general del pleno indicó que "realizar una investigación de un suceso por un órgano que no tiene potestades para ello ni regulación específica podría vulnerar" algunos "derechos".
En ese dictamen, señaló que "solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso" y que "el personal funcionario o laboral no tendrá obligación legal de comparecer y por tanto lo hará de forma voluntaria", al tiempo que "se le advertirá que no existe normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales".
Además, en el informe, el secretario apuntó que "no procede la solicitud de comparecencia" de concejales o miembros de la junta de gobierno local "fuera del ámbito plenario o de las comisiones permanentes".
BARCELÓ: "EXTREMADAMENTE GRAVE"
En este contexto, Barceló ve "extremadamente grave" cómo está transcurriendo la comisión y se ha preguntado si el PP tiene interés en que "no" se conozcan aspectos relativos a la polémica del residencial Les Naus.
Sobre el informe, la portavoz socialista ha sostenido que ese documento lo pidió el presidente de la comisión, que es el vicealcalde 'popular' Manuel Villar, y que lo hizo "sin que" lo supiera este órgano. También ha abundado en que el vicesecretario lo emitió el 31 de marzo, "cuando ya se había constituido" esa comisión.
En la misma línea, la concejala del PSPV Silvia Castell ha insistido en que es una "realidad incontestable" que la exconcejala de Urbanismo por el PP en el Ayuntamiento, Rocío Gómez, fue adjudicataria de una VPP en Les Naus y se ha preguntado si Barcala "va a seguir permitiendo que los promotores privados repartan las VPP del Plan Vive, igual que ocurrió con el pelotazo" del complejo levantado sobre suelo que era municipal en Playa de San Juan.
VILLAR NIEGA LAS ACUSACIONES
Por parte del equipo de gobierno, Villar ha negado las acusaciones vertidas por el grupo socialista y ha sostenido que la documentación es "la misma" que tiene el juzgado. Sobre la comisión municipal de VPP, ha reiterado que hay dos sesiones fijadas en las que comparecerá "quien estime oportuno".
El vicealcalde ha sostenido que los 'populares' han actuado tras el "escándalo" de Les Naus y ha recordado que votaron a favor de celebrar esa comisión. También ha aseverado que los partidos del anterior Consell del Botànic rechazaron en Les Corts poner en marcha 15 comisiones, entre ellas, por lo que ha denominado "caso Oltra", "caso Francis Puig" o "la gestión de la pandemia en residencias", en alusión a la etapa de Barceló, actual portavoz socialista en el consistorio, como consellera de Sanidad. Villar ha acusado al PSPV de "hipocresía".
Por su parte, el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha afeado a los socialistas "manipulación y lenguaje torticero". "No hablamos de repartir, se llama adjudicar vivienda, se llama gestionar listas de espera", ha aseverado.
Posteriormente, ha remarcado que "es el promotor quien gestiona y quien adjudica las viviendas". De Juan también ha criticado el Plan Estatal de Vivienda porque, a su juicio, desde el Gobierno central "han plagiado el decreto" de la Generalitat Valenciana y "no han implementado ninguna medida de control".
INVESTIGACIÓN
La jueza citó como investigadas a 15 personas. Entre ellas, además de Gómez, están la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman. Ambas están llamadas para el 20 de mayo.
También figuran como investigados funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, además de diez beneficiarios de las adjudicaciones, y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del complejo, el administrador único. Otras siete personas tendrán que declarar como testigos el 8 de mayo.