El PSPV dice que la auditoría municipal de 2010 revela contratos irregulares por 122 millones de euros

Europa Press C. Valenciana
Actualizado: viernes, 21 octubre 2011 17:50

VALENCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Pedro Sánchez ha explicado este jueves que el informe de la auditoría de 2010 revela que "graves reparos a la tramitación de contratos por valor de 122,15 millones de euros", lo que supone el 17,9% del gasto municipal total.

El socialista ha advertido, de este modo, que la Auditoría de los Gastos de 2010 demuestra que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "no sólo paga tarde a las empresas y no reclama a la Generalitat lo que debe a la ciudad, sino que se salta los procedimientos de contratación", ha informado el PSPV en un comunicado.

Sánchez ha explicado que la auditoría sólo analiza algunos expedientes seleccionados por el sistema de muestreo y que requirió 750 de un total de 14.400 documentos, de los que "80 expedientes se ocultaron total o parcialmente y, de éstos, 24 ni siquiera se remitieron", por lo que ha pedido que se informe sobre los servicios municipales "que se negaron a facilitar los expedientes".

Asimismo, ha abundado que también se han detectado ocho casos en los que el Ayuntamiento "ha materializado gastos sin procedimiento alguno de contratación y 21 proyectos financiados por el Plan E con defectos por insuficiencia de informes técnicos". El informe recoge también que en 15 expedientes se dice textualmente que "encargo a contrata o encargo a entidad gestora no son figuras de la Ley de Contratos y, por tanto, no pueden justificar una contratación e incumple a norma".

"Vistos los precedentes de cómo gestiona órganos que controla, como la depuradora de Pinedo y la entidad que trata las basuras, las conclusiones del informe dejan bien clara la falta de transparencia" del ayuntamiento, ha apuntado el edil socialista, que ha insistido en el "reiterado incumplimiento" de la Ley de Haciendas Locales, la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones que Barberá "ni corrige, ni tiene voluntad de hacerlo".

FALTA DE JUSTIFICACIÓN

En cuanto a las subvenciones, transferencias y aportaciones, el concejal socialista ha destacado que el informe especifica que el 12,7 por ciento de los expedientes "merece un grave reparo por ausencia de justificación o deficiencias en la misma, acuerdos de concesión sin fiscalización previa o falta de justificación en algunas exclusiones". En total, ha concretado que se trata de "más de 3 millones de euros concedidos con irregularidades".

Otra de las objeciones es que el consistorio "tiene pendiente desde 2003 aprobar un Plan Estratégico de Subvenciones, como exige el artículo 8 de la Ley de General de Subvenciones, donde se determinen los objetivos y efectos perseguidos con su aplicación, el plazo necesario para su concesión, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditado todo ello al cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria".

Por lo que respecta a las inversiones, ha indicado que este capítulo es "donde hay un mayor porcentaje de expedientes tramitados incorrectamente y los incumplimientos se reiteran todos los años". En concreto, ha precisado, "la mayor incidencia es la de gastos sin autorización detectada en 27 expedientes, de los cuales en 10 se agrava el reparo por haberse efectuado el gasto sin cobertura presupuestaria".

"La auditoría pone en evidencia que sólo se ha tramitado correctamente el 27,7 por ciento del gasto total en inversiones, mientras que el 39,5 por ciento de los expedientes ha sido objeto de observación significativa", ha detallado Sánchez.

El socialista ha agregado que, aunque con menor incidencia, se aprecian asimismo encargos a contrata "sin informe justificativo, ejecución de obras sin proyecto aprobado y rechazo de ofertas con parámetros no incluidos en los pliegos".

EJECUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN

En cuanto a los gastos en bienes y servicios inferiores a 3.000 euros, Sánchez ha incidido en que el 22 por ciento del gasto se tramitó sin autorización, disposición ni fiscalización previa y que "una gran parte de estos gastos se han materializado sin cobertura presupuestaria". Además, ha puntualizado, "dos expedientes son especialmente graves al tratarse de pagos repetitivos a proveedores que hubieran requerido un proceso de contratación".

Finalmente, ha explicado que en los gastos de bienes y servicios superiores a 3.000 euros el 26 por ciento se tramitó con graves reparos y la causa principal fue la ejecución sin autorización. En 11 casos el gasto se produjo sin procedimiento de contratación alguno y el informe de la auditoría insiste en que estos reparos "se producen año tras año".

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