Publicado 12/09/2016 18:22CET

Responsables de Imelsa defienden que el contrato del Call Center cumplía con la legalidad

   VALENCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Responsables de Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia, han defendido este lunes ante el juez que el contrato del Call Center, adjudicado en 2013 por unos dos millones de euros, cumplía con todos los requisitos legales y se tramitó de forma correcta.

   En concreto, en esta jornada han declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, en calidad de investigados, Enrique Grau, director del área jurídica de Imelsa; Manuel López Montoliu, jefe de unidad de procesos masivos tributarios; Salvador Deusa, jefe de sección de evaluación y planificación; y Ricardo Francisco Ángel, jefe de servicio de recaudación tributaria.

   Estas cuatro personas han tenido que declarar por una de las piezas del caso Imelsa, la que se investiga el presunto amaño en la adjudicación del contrato del centro de atención telefónica --Call Center--. En total hay una docena de investigados por este asunto, entre ellos, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental.

   Los investigados que han declarado ante el juez este lunes han insistido en que no vieron ningún tipo de ilegalidad ni en la redacción del pliego ni en la tramitación y adjudicación de este servicio de telefonía a Servimun, han indicado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

   En concreto, Grau, encargado de estos pliegos, ha insistido en que no hubo ningún tipo de amaño y sí ha aludido a una serie de "discrepancias" entre él y Deusa pero únicamente a nivel técnico, no porque sintiera ningún tipo de presión para redactar un pliego a medida. Asimismo ha negado conocer al suegro de Marcos Benavent, el que fuera gerente de Imelsa.

   Por su parte, Deusa, ha ahondado en esta línea y respecto a posibles llamadas desatendidas por el servicio, tal y como asegura una testigo, ha explicado que se dejaron de atender unas 40.000 llamadas pero por problemas informáticos no por falta de personal de la adjudicataria o por dejadez.

   El juez sospecha que esta adjudicación pudo ser decidida por Rus con la intención de favorecer a quien era entonces suegro de Benavent. Estima que el expresidente podría haber contado con la colaboración de Deusa para manipular el proceso de adjudicación vulnerando el principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública.