Archivo - El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, atiende a los medios de comunicación en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Sanidad tacha de "falso" que el conseller del ramo haya sido condenado y asevera que el departamento que dirige Marciano Gómez ampliará la información al PSPV sobre los pagos a los centros privados por el Plan de Choque en 2024 y 2025 tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la que se ordena a la Conselleria a entregar al PSPV información sobre los pagos a los centros privados por el Plan de Choque en 2024 y 2025. "La Conselleria sí dio información, pero la sentencia estima que se debe ampliar y así se hará".
En concreto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV ha estimado un recurso presentado por la diputada y portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts, Yaissel Sánchez, y ordena a la Conselleria de Sanidad que le entregue la información sobre los pagos a los centros privados por el Plan de Choque en 2024 y 2025.
El PSPV sostiene que la sentencia, consultada por Europa Press, da al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, un plazo de un mes para que remita toda la información que se le solicitó y que negó al Grupo Socialista "con excusas grotescas, como que solo podía dar datos por bienios, una tomadura de pelo y un insulto a la inteligencia de todos los valencianos y las valencianas para no cumplir con la ley y dar la información requerida".
Por su parte, fuentes de la Conselleria recalcan que la sentencia, "que todavía no es firme, estima la demanda pero no condena". Según las mismas fuentes, la sentencia "entiende que no se da la respuesta con el detalle que se requería e insta a darla". "La Conselleria sí dio información, pero la sentencia estima que se debe ampliar y así se hará", afirman.
Señalan también que la sentencia sostiene que "no consta acreditada la denuncia desplegada en la demanda de ser voluntad manifiesta de la Administración la de restringir el acceso parlamentario a datos especialmente sensibles desde el punto de vista de control político".
"No hay, por tanto, condena en costas para la Conselleria, algo que contrasta con los cerca de 70.000 euros abonados por las condenas en costas por 97 solicitudes de información sin respuesta entre 2020 y 2023", concluyen las mismas fuentes.
