Aboga por esta salida, más barata que rehabilitar, dados los daños estructurales y destaca que se requiere una "solución consensuada"
VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de València, el socialista Vicent Sarrià, que ha dado a conocer este miércoles las tres alternativas planteadas para el edificio conocido como Bloque Portuarios y el coste de cada una de ellas, ha abogado por demolerlo y reedificarlo atendiendo a los daños estructurales que presenta el inmueble. Esta opción tendría un coste de 13,7 millones de euros que deberían asumir los propietarios de las 168 viviendas que hay en esta construcción: Generalitat, Ayuntamiento y privados.
Sarrià ha explicado que las otras dos salidas planteadas para esta edificación, situada en el barrio del Cabanyal, son la expropiación y derribo, teniendo en cuenta que "en este momento se encuentra fuera de ordenación" según el planeamiento vigente y con un coste de 9,6 millones de euros, y, por otro lado, su rehabilitación integral, que supondría crear una nueva estructura "en paralelo" porque "no serviría la actual" y una inversión de 14,3 millones.
El edil, que se ha pronunciado de este modo durante un encuentro con los medios de comunicación, ha subrayado que estos cálculos se han hecho con "precios oficiales" y según valoraciones del Instituto Valenciano de Edificación. Asimismo, ha destacado la necesidad de lograr "una solución consensuada" para abordar el futuro del Bloque Portuarios.
La elección de una de las tres opciones planteadas, que ya han sido trasladas a los propietarios privados, deberá acordarse en el seno del gobierno municipal que conforman Compromís, PSPV y València en Comú y posteriormente con la Generalitat. Tras ello, ha insistido en que esta decisión, "seria", "se debe tomar coralmente", "abordando todos los caminos" y "en breve" con la administración autonómica.
Vicent Sarrià ha precisado que Ayuntamiento y Generalitat, "dada la complejidad, la situación del inmueble y las características de los propietarios, muchos y algunos sin recursos", han decidido abordar esta actuación mediante una "gestión directa" que si se optara por rehabilitar o reedificar implicaría la redacción de un Plan de Actuación Aislada.
El titular de Urbanismo ha considerado que la opción del derribo siguiendo lo establecido "en la normativa vigente" y contemplando "el realojo de propietarios y ocupantes legítimos" es "la más rápida" y la que se podía haber llevado a cabo ya, pero "no la preferida" por el ejecutivo local.
En este sentido, ha destacado que el nuevo plan urbanístico del Cabanyal, el que ha sustituido al derogado Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri), ha dejado "en blanco" el ámbito del Bloque Portuarios "a la espera de la decisión" que se tome y con la voluntad de incorporarlo al nuevo planeamiento. Vicent Sarrià, que ha recordado que el Pepri contemplaba la desaparición de este inmueble, ha comentado que cuando se exponga públicamente el plan deberá incorporar "la solución definitiva".
"La opción de la rehabilitación cabe a un determinado coste. Como concejal de Urbanismo y como grupo socialista mi propuesta al equipo de gobierno local y a la Generalitat será la demolición del edificio y su reedificación", ha afirmado el responsable municipal. Ha apuntado que si se tratara de "un edificio protegido o con valor patrimonial" se podría optar por la rehabilitación, "la opción más costosa", al tiempo que ha repetido que en este caso para los propietarios "es más barato reedificar que rehabilitar".
A este respecto, Sarrià ha agregado que la salida por la que él apuesta conlleva también contar con "más ayudas" del Plan Estatal de Vivienda, además de poder "modular la edificabilidad" y la "volumetría" de la nueva construcción una vez "se haya incorporado al planeamiento" porque "no es necesario ceñirse al edificio como está planteado ahora".
VIDA ÚTIL AGOTADA
La Concejalía de Urbanismo dio a conocer este martes el informe técnico encargado a la empresa municipal Aumsa para abordar el futuro del Bloque Portuarios, un "estudio riguroso y en profundidad" hecho por "un equipo multidisciplinar" que analiza los daños que presenta el inmueble y su situación estructural y que señala que "para prolongar la vida útil de esta construcción se precisa una intervención a medio plazo" en elementos estructurales como pilares, vigas, forjado, viguetas, escaleras, recubrimientos.
Técnicos que han participado en la redacción del informe, que han comparecido junto a Sarrià, han afirmado que las inspecciones y pruebas hechas han determinado que la resistencia de la estructura está "por debajo de la reglamentación actual y de la del momento en la que se construyó" el bloque, a mediados de los años 50 del siglo XX, y que "los recubrimientos son mínimos e inferiores a los que marcaba la ley en su momento". Han concluido que "la vida útil de la estructura está agotada" aunque "no se va a caer mañana".
Vicent Sarrià ha señalado que abordar el futuro de esta edificación es uno de los "muchos problemas heredados" del anterior gobierno municipal que ha heredado el actual y ha resaltado la "complejidad" de este asunto "desde el punto de vista jurídico, social y urbanístico". En esta línea, ha destacado que se tiene "el añadido de las okupaciones" de viviendas y el "proceso destructivo que generó el Pepri".
MEDIDAS SOCIALES Y REALOJOS
Así, ha comentado que la salida que se adopte deberá ir acompañada de "medidas sociales" y de un plan de realojos --provisionales o definitivos-- para "los ocupantes legítimos --propios propietarios, inquilinos legales y ocupantes que antes de julio de 2015 tengan algún derecho reconocido sobre el edificio--. Ha apuntado que en cualquier caso "no será una actuación inmediata".
"La voluntad del Ayuntamiento es actuar con decisión pero garantizando no dejar a nadie en la calle. Ayuntamiento y Generalitat no pueden regalar una casa a nadie, dar ayudas a fondo perdido ni hacer viviendas privadas con dinero público", ha dicho el edil. Los técnicos han asegurado que se tendrá "en cuenta cada caso concreto" y las "distintas fórmulas" que se pueden aplicar.
De las 168 viviendas del inmueble 77 son públicas --34 de Plan Cabanyal, 36 de Generalitat y 7 de Ayuntamiento-- y 91 privadas. De las primeras, 29 están okupadas, 1 cedida, 26 vacías y 21 en alquiler, y de las segundas, 23 están okupadas, 18 vacías, 45 habitadas por sus dueños u otras personas y 5 por determinar. En total hay 117 casas habitadas, en concreto, 65 legalmente y 52 ilegalmente.
