El Síndic atendió 23.000 consultas ciudadanas en 2025, un 25% más, y ve un “atasco irresoluble” en servicios sociales

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana realizó durante 2025 más de 28.100 actuaciones entre consultas y quejas. Atendió 23.137 consultas ciudadanas, lo que supone un aumento anual de casi el 25%; tramitó 5.006 quejas de la ciudadanía, un 5% más, e inició 12 investigaciones de oficio.

Los servicios sociales volvieron a ser el ámbito principal de las quejas ciudadanas, con hasta 1.900 durante 2025, lo que lleva al Síndic a advertir de un “atasco irresoluble” en esta materia al considerar que no se ha hecho nada desde 2020 por simplificar los procedimientos.

Así lo recoge el informe de la institución correspondiente a 2025, que ha entregado este martes su presidente en funciones, Ángel Luna, a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, a la Mesa y a los síndics de los grupos parlamentarios.

En concreto, durante 2025 se presentaron 5.006 quejas, de las que 4.145 (82,8%) fueron admitidas y 86 (1,7%) derivadas a otras defensorías. La mayoría tuvieron que ver con servicios sociales (1.962, 47,3%), seguidas de las relativas a transparencia (412), servicios públicos y medio ambiente (399), empleo (341), procedimientos administrativos (239), vivienda (170), urbanismo (141) o sanidad (139).

Por detrás quedan las referentes a otros ámbitos como educación (107), hacienda pública (107), justicia y administración corporativa (33), derechos lingüísticos (26), cultura y deporte (26), infancia y adolescencia (24) o industria, agricultura, comercio y turismo (19).

El informe indica el grado de colaboración de las administraciones investigadas (Consell y ayuntamientos) con el Síndic. La entonces Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda colaboró en el 64,2% de las 2.298 quejas presentadas, mientras que en la actual Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia este grado alcanzó el 100% de las 131 quejas presentadas desde la última remodelación del gobierno autonómico.

Por provincias, el 63,9% de los ayuntamientos de la provincia de Valencia cumplieron con las 751 quejas ciudadanas presentadas en 2025. En los de Alicante este grado fue del 61,8% de las 802 quejas presentadas y en los de Castellón del 59,2% de las 157 quejas presentadas.

Por lugar de residencia, un total de 2.354 quejas ciudadanas fueron presentadas en 2025 en la provincia de Valencia, 2.154 en la de Alicante y 354 en la de Castellón.

SERVICIOS SOCIALES

Sobre los servicios sociales, el informe explica que es el ámbito que concentra “con enorme diferencia” la mayoría de quejas, sobre todo relacionadas con el reconocimiento y las ayudas de la dependencia y las demoras en la valoración de la discapacidad.

A pesar de que durante 2025 las quejas sobre la dependencia experimentaron un ligero descenso, continúan como el principal foco de reclamaciones del Síndic y representan cerca del 65% del total de las presentadas en esta materia y algo más del 30% de la totalidad de las admitidas a trámite en la institución.

Luna señala que, desde su primer informe anual en 2020, ha venido advirtiendo de los problemas derivados del diseño del funcionamiento de los servicios sociales valencianos, que obligan a una doble valoración por parte de los equipos municipales y de los de la Conselleria: “No se ha hecho nada relevante para simplificar los procedimientos que están atascando los servicios sociales de forma irresoluble”.

Además, durante 2025 volvió a comprobar la problemática que se genera cada vez que llegan a su fin los contratos programa suscritos, ahora por periodos cuatrienales, entre Conselleria y ayuntamientos. Se debe, según indica, a que las administraciones locales no pueden contar con plantillas estables porque la contratación de personal está sujeta a que reciban la subvención.

TRANSPARENCIA

Seguidamente, las quejas por falta de transparencia y acceso a la información pública se consolidan como las segundas más numerosas, a pesar de que en 2025 registraron un ligero descenso de 432 a 412. El Síndic señala que se debe a “una falta de voluntad política que compromete la calidad democrática”.

Como consecuencia, advierte que “se deteriora la rendición de cuentas, se dificulta la participación política y crece la desafección ciudadana”, con lo que “las administraciones corren el riesgo de actuar al servicio de intereses particulares”.

De hecho, el 90% de las quejas que la ciudadanía presenta ante el Síndic denuncia, en primer lugar, la falta de respuesta a sus solicitudes y reclamaciones por parte de las administraciones, lo que “no solo genera indefensión, sino que abre la puerta a la arbitrariedad, los errores y los abusos de poder”.

VIVIENDA

En materia de vivienda, el informe señala la “desagradable sorpresa” que supuso advertir que la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2025 eliminó el procedimiento para conceder ayudas ante la inexistencia de viviendas disponibles para adjudicar. Este procedimiento estuvo vigente durante los ejercicios 2023 y 2024 y se eliminó “de forma incomprensible”, algo que el Síndic ha advertido a Conselleria.

También se recoge que el porcentaje de quejas relacionadas con la vivienda se ha duplicado "con creces" en los últimos cinco años. "Si antes de la dana de 2024 la situación de la vivienda ya era precaria, ahora las administraciones públicas tendrán que realizar enormes esfuerzos para, más allá de recomponer, mejorar una situación dramática”, manifiesta Luna, quien recuerda que la vivienda constituye un elemento básico sin el que es imposible acceder a otros derechos fundamentales.

FALTA DE COLABORACIÓN TRAS LA DANA

Por otro lado, el Síndic abrió durante el año pasado tres de las quejas de oficio para supervisar las actuaciones de las administraciones públicas posteriores a la dana del 29 de octubre de 2024 en materia de servicios sociales, educación y vivienda. Estas investigaciones se unieron en un único expediente.

Al respecto, el informe reitera la “nula colaboración” entre el Gobierno y el Consell en la reconstrucción, un problema que según el Síndic fue una constante durante 2025 y dificultó el avance de los trabajos de reconstrucción, “perjudicando a cientos de miles de personas damnificadas”.

“Si algo ha venido a demostrar de forma palmaria el trágico episodio de la dana es que, en situaciones de crisis, y sobre todo en contextos de polarización extrema como los actuales, fallan los mecanismos de cooperación entre los diferentes niveles de las administraciones. No ha existido ni una mínima interlocución, en clave colaborativa, entre la administración estatal y la Generalitat”, subraya Luna.

Ante esta situación, convocó en la sede del Síndic una reunión de trabajo con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Ese encuentro concluyó con la decisión de abrir una queja de oficio por parte del Defensor del Pueblo, dirigida tanto al Gobierno como al Consell, para instarles a poner en marcha la comisión mixta de reconstrucción que finalmente se creó el pasado 4 de febrero.