CASTELLÓN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha reiterado al Ayuntamiento de Castellón que tramite la petición de demolición de una obras ilegales que fueron denunciadas por primera vez en el año 2010.
Así, hace unos meses se dirigió a esta institución una vecina para comunicar que no se había cumplido la recomendación que el Síndic dirigió al Ayuntamiento de Castellón en julio de 2013 y que éste aceptó, en la que se pedía restablecer la legalidad urbanística a causa de unas obras ilegales.
Según la interesada, ni se habían impuesto las multas ni se habían ejecutado de manera subsidiaria los trabajos de demolición de las obras, situación que motivó la apertura de un nuevo expediente, tal y como ha informado el Síndic en un comunicado.
Con arreglo a la información facilitada al Síndic, la afectada presentó la primera denuncia al Ayuntamiento de Castellón en el año 2010 y, según reconoce el propio consistorio, el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística iniciado a petición de la afectada caducó, por lo que se tuvo que iniciar un nuevo expediente. En total, han transcurrido más de cuatro años sin que este asunto se haya resuelto, según ha indicado la institución.
El Ayuntamiento de Castellón, por su parte, ha informado al defensor que el negociado administrativo que se encarga de estos asuntos está actualmente atendiendo más de 400 expedientes y que los va tramitando en función de los medios disponibles y de la gravedad de los hechos.
OBLIGACIÓN DE RESTABLECER LA LEGALIDAD URBANÍSTICA
En este sentido, el Síndic entiende que no es siempre "fácil" reaccionar con prontitud ante todas las infracciones urbanísticas que se cometen en un término municipal, pero considera que, en este caso concreto, en el que se ha detectado y se ha denunciado un incumplimiento de la norma urbanística, las autoridades locales "tienen la obligación de restablecer la legalidad urbanística vulnerada en el plazo máximo de cuatro años desde la total terminación de las obras"
De lo contrario --ha apuntado la institución-- las obras ilegales "terminan consolidándose sin poder ordenar la demolición de las mismas". Asimismo, el defensor ha insistido en que la administración local debe respetar la propia normativa urbanística y ejercer un "control preventivo y represivo" de las actividades constructivas que se realizan en el término municipal.
De acuerdo con el defensor del pueblo valenciano, la disciplina urbanística "va más allá de lo que pudiera considerarse un mero problema de construcciones y licencias", pues "el urbanismo engloba, nada más y nada menos que el equilibrio de las ciudades y del territorio en general".
Por todo ello, el Síndic considera que "es un acto muy grave que las normas que se han establecido pensando en la justicia, en la certeza y en el bien común, después, mediante actos injustos, se incumplan", ya que "generalizando el incumplimiento es difícil saber a dónde se puede llegar".
Por todo ello, el Síndic ha recomendado al Ayuntamiento de Castellón que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la primera denuncia presentada, se impulse la tramitación del expediente "para restablecer la legalidad urbanística conculcada, evitando que prescriba la acción para demoler las obras ilegalizables", y que se proceda a la resolución del recurso de reposición pendiente, "permitiendo la continuidad en la tramitación del expediente de referencia".
