MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva este jueves al proyecto de Ley que regula la Biblioteca Nacional de España (BNE), una norma con la que se pretende dotar de autonomía a la institución.
Este proyecto de ley se suma así a las normas regulatorias de instituciones culturales que ya tienen el Museo del Prado y el Reina Sofía. Entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La directora de la BNE, junto con el equipo directivo de la institución, ha estado presente durante el debate de la ley desde la tribuna de invitados.
Así, se han ratificado las enmiendas procedentes del Senado con el apoyo de PP, PSOE, CiU, y PNV. Eso sí, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha votado en contra de las mismas, como ya sucedió en el Senado porque a juicio de la Izquierda Plural, privatiza la BNE, como ha sucedido a su juicio con el Prado o el Reina Sofía, además de precarizar la situación laboral de los trabajadores.
Además, los portavoces de PSOE, CiU, la Izquierda Plural y UPyD han coincidido en que no es la ley que les hubiera gustado, creen que no está a la altura del papel que debería tener la BNE y que se ha perdido una oportunidad para hacerla "más ambiciosa". "Esta ley no cumple las expectativas y se queda corta. La BNE ha de estar en la cúspide del sistema bibliotecario motor", ha lamentado el socialista Federico Buyolo.
Monsterrat Surroca, de CiU, ha defendido su apoyo desde el primer momento de la ley porque este proyecto de ley dota a la BNE de un marco regulatorio, un instrumento, que permitirá convertir una institución del siglo XVIII en una del siglo XXI. Cree que esta ley será útil para el sistema bibliotecario español y para la ciudadanía.
Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha justificado la abstención de su grupo parlamentario a esta ley, entre otros puntos porque a su juicio no se ha reforzado como se debería la institución cultural. "La ley ha perdido una oportunidad", ha precisado.
María Ascensión Figueres, del Grupo Popular, ha defendido que se coloca a la BNE, que cumple 303 años, "en el lugar que se merece", al mismo tiempo que dice que redundará en beneficio de todo el sistema bibliotecario español, y favorecerá la rentabilidad de los recursos públicos. "Garantiza el caracter público de la BNE y permitirá una gestión más ágil de sus recursos y facilitará nuevas líneas de financiación", ha subrayado.
30 MILLONES DE DOCUMENTOS
El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha celebrado que se dote a la BNE de un instrumento legislativo que, según ha destacado, le va a permitir "estar a la altura del siglo XXI", gracias al "amplio acuerdo parlamentario" alcanzado, así como al apoyo de la conferencia sectorial y de las asociaciones profesionales de bibliotecarios.
"Se pone muy en valor el hecho de que las colecciones de las que dispone la BNE no sólo constituyan una riqueza hacia dentro sino también hacia afuera, que junto a la función de preservar, catalagar, también se encuentre la función de mostrar que se merece", ha señalado.
En concreto, esta ley regula el funcionamiento de la Biblioteca, que custodia y da acceso a cerca de 30 millones de documentos, "devuelve a la institución el estatus de dirección general (sin coste alguno) que había tenido continuadamente hasta mayo de 2010, y mantiene su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Además, dotará a la institución de instrumentos para hacer más ágil su gestión y reforzar su liderazgo como primera institución bibliotecaria del Estado, y como centro de referencia internacional de acceso a la información y al conocimiento del español.
El proyecto normativo recoge cambios en relación con la normativa vigente sobre los órganos de gobierno, entre los que destaca que el Real Patronato, hasta ahora órgano consultivo sin funciones rectoras, pasa a ser un órgano rector colegiado con una implicación directa en el establecimiento de las directrices y actuaciones de la Biblioteca, y velará por su cumplimiento. Además, incorpora la función de realizar una labor activa en la captación de recursos propios y de patrocinio.
El proyecto de Ley establece que, una vez promulgado el texto como Ley, en el plazo de un año se apruebe un Estatuto que regule la gestión interna y la estructura orgánica y funcional de la Biblioteca Nacional de España.
RÉGIMEN DE INGRESOS Y COMITÉ CIENTÍFICO
En el régimen de ingresos, la Biblioteca podrá incluir los provenientes de actividades propias y de la cesión de espacios, contemplando como tipos de ingresos los derivados de los precios públicos, las tasas y los ingresos de derecho privado.
Se considera como ingresos de derecho privado aquellos que perciba la Biblioteca Nacional de España por la prestación de servicios o la realización de actividades que, de acuerdo con la Ley, no tengan naturaleza tributaria, no constituyan precios públicos y no deriven del ejercicio de potestades administrativas.
Cuando sea imprescindible para la consecución de los fines que tiene asignados, la Biblioteca Nacional de España podrá participar en sociedades o fundaciones cuyo objeto sea acorde con sus fines, en los términos establecidos por la legislación vigente y del modo que se determine en su Estatuto.
Para fomentar el impulso del desarrollo cultural, científico y económico de la Biblioteca, se prevé la creación de un Comité Científico con funciones consultivas, que asesorará en la participación de programas y proyectos de investigación nacionales e internacionales, así como en todos aquellos aspectos relacionados con la generación de contenidos y con proyectos de desarrollo e innovación tecnológica que procuren un mayor conocimiento de las colecciones de la Biblioteca Nacional de España.
Fue en noviembre cuando la Comisión de Cultura del Congreso envió al Senado el proyecto de ley, con el apoyo de PP, PSOE, CiU, PNV y la abstención de UPyD e Izquierda Plural. En el Senado se han incluido seis enmiendas transaccionales, con el apoyo de todos los grupos salvo el de IU.